La Fiscalía de Venezuela reiteró este lunes que 28 personas fueron "asesinadas" por los "mal llamados comanditos" -grupos de organización política de la campaña del candidato opositor Edmundo González Urrutia- tras las presidenciales del 28 de julio, al tiempo que aseguró que "no hay una sola denuncia" que vincule estas muertes con algún cuerpo de seguridad estatal.

"Quiero recordar que fueron 28 personas asesinadas por esos mal llamados comanditos, 195 personas resultaron heridas, 98 civiles y 97 funcionarios militares y policiales, 486 bienes fueron afectados", dijo el fiscal general, Tarek William Saab.

En una transmisión del canal estatal VTV, Saab informó sobre la investigación de casos que llamó "emblemáticos", como el "homicidio" del sargento primero José Antonio Torrents Blanca, de 26 años, quien -según el fiscal- recibió un disparo en el cuello el 29 de julio en el estado Aragua (norte).

Por este hecho, detalló, se detuvo a Reyner José Márquez Velásquez, quien "se aprecia (en un video) portando un arma de fuego en las adyacencias del homicidio".

"No es ningún preso político. Es un asesino", afirmó Saab, quien indicó que otra persona con orden de aprehensión se encuentra en fuga.

Asimismo, mencionó la muerte de Mayauri Silva, de 49 años, quien se desempeñaba como vocera de una UBCh (Unidad de Batalla Bolívar-Chávez) y fue "asediada" en Aragua.

"Fue perseguida y, el 3 de agosto en la anoche, fue interceptada por un sujeto que le disparó a mansalva tres veces y luego huyó en una moto con la ayuda de otros dos hombres", dijo el fiscal.

Según Saab, estos sujetos "actuaron por órdenes y bajo pago de Fernando Venancio Martínez" -ahora detenido-, a quien señaló de "mercenario". Dos personas más fueron apresadas por este hecho.

Además, otra persona se encuentra en fuga y un quinto involucrado "fue abatido al enfrentarse a una comisión policial", dijo el fiscal sin dar más detalles al respecto.

El funcionario no personalizó los casos del resto de víctimas ni detalló si también eran chavistas u opositores.

Tras las presidenciales, se desataron protestas masivas contra el resultado oficial que dio la reelección a Nicolás Maduro, una victoria que la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), considera fraudulenta.

La Fiscalía informó que más de 2.400 personas fueron detenidas en este contexto, a quienes señala de causar "vandalismo" y "violencia", mientras que la PUD acusa a los cuerpos de seguridad del Estado de "represión".

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los "presos políticos" en Venezuela, indicó que 1.903 personas siguen encarceladas por "disentir del Gobierno", la mayoría de ellas detenidas luego del 28 de julio.

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