El pasado 15 de diciembre, Bolivia celebró sus terceras elecciones judiciales, un proceso que, aunque concebido para fortalecer la democracia y la independencia judicial, ha evidenciado desafíos persistentes en nuestro sistema de justicia.
Más de 7 millones de bolivianos fueron convocados a las urnas para elegir a 19 de los 26 jueces de los altos tribunales del país. Según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se registró un 65% de votos válidos, superando los porcentajes de votos blancos y nulos, que alcanzaron el 33%. Un hito histórico considerando los resultados de anteriores elecciones judiciales y el manipuleo de este proceso orquestado desde el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, el alto nivel de participación efectiva aún esconde graves problemas: la desinformación, el voto a ciegas por candidatos desconocidos y un muy cuestionado sistema de preselección de postulantes. Y no se debe obviar que en Bolivia el voto sigue siendo obligatorio.

La falta de campañas informativas efectivas y la prohibición de proselitismo por parte de los candidatos han dejado a la ciudadanía sin herramientas para tomar decisiones informadas.

Por otra parte, el proceso de selección de candidatos ha sido objeto de críticas por su opacidad y posible politización. La Asamblea Legislativa Plurinacional, encargada de la preselección, ha sido señalada por favorecer a ciertos perfiles, y lo que es peor es que se han exaltado los avales políticos y sociales por encima de los méritos profesionales y la integridad de las altas autoridades judiciales.
Además, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha jugado un rol controvertido en estas elecciones. Decisiones como la suspensión de las elecciones en varios departamentos y la prórroga de mandatos de magistrados han generado incertidumbre y cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad del proceso.

Queda claro que la elección de jueces y magistrados no es ni de lejos una solución al cáncer de la justicia. La corrupción y la falta de independencia son un mal endémico que ningún régimen pretende eliminar en serio. Tal vez porque cuando los fallos son favorables al régimen de turno, cambian las prioridades y resulta ventajoso dejar hacer y dejar pasar.

En este contexto, no se puede dejar pasar el papel de los magistrados auto prorrogados del Tribunal Constitucional que, pese a numerosas críticas y cuestionamientos, persistirán en sus cargos y no se sonrojan en invocar el respeto a la independencia de la justicia y la investidura de sus cargos. Increíble, pero cierto. 

Las elecciones judiciales de 2024 han puesto de manifiesto la necesidad urgente de una reforma profunda en el sistema de justicia boliviano. Es imperativo promover una reforma constitucional que corrija estas y otras distorsiones que han afectado gravemente la institucionalidad de un pilar fundamental del sistema democrático. 

Pero para avanzar en ese propósito, se necesitará que el próximo gobierno logre una buena votación y tenga la mayoría parlamentaria suficiente para enfrentar la crisis económica y encarar reformas constitucionales urgentes y profundas. Lamentablemente, y como se pinta el panorama, la próxima papeleta electoral estará llena de candidatos, antesala de un gobierno débil y de una Asamblea Legislativa llena minorías poderosas. Un panorama muy complicado, incluso para el más optimista.