Roberto Méndez /Periodista y abogado 

Cuando se cumplen tres años de uno de los peores agravios que ha sufrido la prensa boliviana, durante el secuestro y tortura de seis periodistas en Las Londras, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, hay impunidad, soledad y riesgo de que el proceso quede extinguido.

Cabe recordar que desde el 28 de octubre de 2021, cuando hombres y mujeres de prensa realizaban una cobertura sobre avasallamientos de tierras en la zona fueron atacados por encapuchados armados que los mantuvieron cautivos por seis horas y los sometieron a una calle de la amargura, que ahora nubla la memoria de los afectados que están cansados de ver que desde el inicio del hecho, hay una sospechosa falta de intencionalidad del gobierno de turno para esclarecer el caso, pues las fuerzas del orden ingresaron al lugar 48 horas después y, luego, durante la tramitación del proceso judicial, en dos ocasiones cambiaron a los fiscales del caso y también a los policías encargados de la investigación

Por si ello fuera poco, las autoridades judiciales dejaron en libertad a los principales acusados, sin considerar su alto grado de peligrosidad, situación que posteriormente se demostró cuando, con el mismo “modus operandi”, encapuchados y fuertemente armados, participaron en otros avasallamientos de tierras en la misma zona y que por más de 15 veces se suspendieron las audiencias, cuando pedimos que se revoque la libertad de los señalados como responsables que fueron beneficiados con arresto domiciliario y sin escoltas, y nos quedamos esperando que las Fuerzas Armadas puedan realizar un barrido en la zona, pues se trata de un grupo de subversivo que actúa al estilo de grupos irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) paramilitares de México o el mismo Sendero Luminoso del Perú.

Pero la inacción fue el elemento ordenador y los encapuchados se sacaron sus máscaras y se dieron el lujo de convocar a conferencias de prensa en San Julián y a bloquear la carretera durante 4 días, exigiendo que “cese la persecución” hacia ellos y que retiren el libro “Periodismo Vs. Terramafia”, en el que revelamos una cruda realidad: que los avasallamientos de tierras son apadrinados por el gobierno socialista de turno, como parte de una política de otorgar premios a su militancia, como lo denunciara muchas veces la ONG Fundación Tierra, institución que también dio otro dato revelador: que el 95% de las tierras que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) otorga oficialmente en Santa Cruz tiene como beneficiarios a miembros de sus grupos afines, que son la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, las mujeres Bartolinas y los llamados Interculturales, dejando apenas un 5% para los comunarios, estantes y habitantes de Santa Cruz.

Así llegamos a estos tres años de impunidad, estancados en que, a pesar de la imputación formal contra 5 personas, no se da inicio al juicio oral con el pretexto de que no pueden notificar a los cinco encausados y que incluso se ha llegado al extremo de pedir a las víctimas que lo hagan, sin tomar en cuenta la peligrosidad que eso implica y sin considerar que las autoridades competentes pueden realizar los avisos judiciales, por vía digital o cuando los procesados vayan a estampar su firma a la Fiscalía, pues tienen arresto domiciliario y deben concurrir al Ministerio Público cada semana, como parte del acuerdo para que sean dejados en libertad.

Ante esa situación queremos hacer un llamado al gobierno del presidente Luis Arce, al Ministerio de Justicia, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Gobierno para que se haga justicia, pues lamentablemente un caso que provocó la unidad de los periodistas, hoy solo tiene a uno de los secuestrados. Percy Suárez, luchando solo, enfermo y para colmo de todo, despedido de su trabajo y con plazos judiciales fatales, pues un proceso penal tiene 3 años de duración y corre el riesgo de extinguirse.

Queremos reiterar que el periodismo boliviano tiene las heridas abiertas y que insistiremos ante los organismos internacionales hasta conseguir que se haga justicia, pues gracias a la ONG Unitas hemos acordado en un reciente Congreso sobre Libertad de Prensa, realizado en Cochabamba, que vamos a replantear el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH,) que a pesar de haber abierto un caso contra el Estado boliviano, parece tener congelado el proceso.