Desde hace más de cuatro décadas, la democracia es la palabra más repetida en el país, pero quizá la menos comprendida. Este 10 de octubre, la democracia cumplirá en Bolivia 42 años. Los bolivianos estuvimos a punto de perderla en octubre de 2019. El riesgo no ha pasado. Para preservarla y defenderla de los demagogos, es necesario saber cómo funciona o debe funcionar.

En el Colegio y la Universidad, enseñan generalmente que la democracia es el gobierno del pueblo. Repiten, a veces sin profundizar, que la democracia deriva de dos términos griegos: demos = pueblo y kratos = gobierno. 

Es una explicación básica, lo que no significa que no sea importante, pero la democracia es algo más que el gobierno del pueblo. En esencia, es un sistema de gobierno que se caracteriza por distribuir el poder.

¿Quién distribuye el poder? El pueblo/la ciudadanía. ¿Cómo? A través del voto. ¿Cada cuánto tiempo? Cada cinco años en el caso de Bolivia. ¿Cuál el fin de la distribución del poder? Evitar su concentración en una sola persona o en pocas personas. La concentración de poder es antidemocrática porque deriva en una monarquía absoluta, o en una tiranía, o en una oligarquía, o en una plutocracia.

Es tan fundamental para la democracia la distribución de poder que ni siquiera el distribuidor de poder puede acumular poder para actuar arbitrariamente. 

Su poder también está limitado pese a ser fuente y origen. ¿Cuál es ese límite? La Constitución. Ella define las reglas de juego. Entre ellas: quiénes distribuyen el poder; cómo; cada cuánto tiempo; en circunscripción nacional, departamental o municipal; en cuántos poderes (legislativo, judicial) y en qué circunstancias llega el poder a su fin. 

¿Por qué el poder? Porque el poder es la legitimidad otorgada a un grupo de ciudadanos (gobierno) para que imponga sus decisiones al resto de la colectividad que le dio su consentimiento a través del voto. Esas decisiones deben ser asumidas, dice el profesor estadounidense Roberth Alan Dahl, en el marco de las reglas de juego establecidas en la Constitución y en pro del bienestar de la mayoría. 

En caso de que no sean respetadas las reglas o las decisiones sólo beneficien a un grupo, el pueblo tiene derecho a cambiar de gobierno o a rebelarse.

En los últimos 18 años, el gran problema que enfrentó la democracia boliviana ha sido, precisamente, la violación de las reglas de juego. Un grupo de personas, organizado en un partido político (MAS), llegó al gobierno en enero de 2006 con el 54 % de respaldo electoral. Montado en esa mayoría absoluta, cambió las reglas en enero de 2009 (nueva Constitución).

 Años después, violó las nuevas reglas que el mismo grupo había aprobado al habilitar la candidatura del presidente que ya no podía postular en las elecciones nacionales de 2014 porque la Constitución se lo prohibía.

¿Para qué rompió sus propias reglas? Para acumular poder en una sola persona, el presidente. ¿Para qué acumular poder? Para reproducir en el poder sin límite de tiempo a la persona que ejerce de presidente y a la élite que la acompaña. 

El MAS estuvo a punto de lograr su propósito de poder ilimitado a través de un fraude en octubre de 2019. No pudo. Una rebelión popular echó del gobierno al proyecto de tirano. Pero el grupo que lo acompañaba volvió en 2020, mediante el mismo voto popular, al poder.

Por tanto, la democracia boliviana está otra vez en peligro porque el objetivo del grupo gobernante es acumular poder para reproducirse en el gobierno sin límite de ninguna naturaleza política. Ante tal riesgo, es necesario alertar sobre las graves consecuencias para la sociedad boliviana.  

Imposibilidad de cambio de gobierno: El poder del pueblo no sólo radica en delegar poder a un grupo de ciudadanos para conformar gobierno, sino en sustituirlo por otro para protegerse del riesgo de que se transforme en una fuerza inamovible. El actual gobierno quiere convertirse en fuerza inamovible.

Ante esa grave posibilidad, es bueno saber que la rotación de élites en el gobierno abre un abanico de posibilidades de solución a problemas socioeconómicos de la comunidad política. La presencia de un solo partido en la gestión termina en una dictadura de partido único y una economía centralizada. 

En caso de crisis, el gobierno doctrinario prefiere sacrificar a su pueblo, como es el caso del pueblo boliviano, antes que dejar el gobierno y dar paso a otras propuestas económicas.

Bloqueo a la economía de libre mercado: En los países donde el poder está distribuido, funciona la economía de libre mercado. Es probable que tenga defectos, pero funciona porque distribuye la riqueza creada por los propios ciudadanos a través de la producción de conocimientos, formación de empresas y generación de empleos. 

En cambio, un gobierno como el de Luis Arce bloquea el libre mercado para monopolizar la distribución de beneficios, creados con dinero público, en favor del grupo que lo sostiene.

Polarización política: Los gobiernos que se niegan a distribuir poder, como el boliviano, se alimentan de la polarización política y de la construcción de enemigos. No les interesa crear elementos de cohesión social porque para generar cohesión se debe respetar y fomentar la libertad de pensamiento del otro. 

La violación de la libertad de pensamiento polariza porque deja de ser un vehículo de comunicación entre iguales políticamente para convertirse en un peligro para el propio ser pensante.

Las elecciones nacionales de 2025 serán de vida o muerta para la democracia. Si el grupo que hoy gobierna Bolivia se reproduce en el poder, “por las buenas o por las malas” como gustan repetir sus miembros, la democracia boliviana habrá muerto definitivamente a sus 43 años. 

El MAS habrá alcanzado su objetivo que quedó trunco el 12 de noviembre de 2019. ¿Lo van a permitir los bolivianos?