Bolivia enfrenta una de las peores crisis económicas de las últimas décadas. La insistencia en mantener el modelo del MAS, mal llamado “modelo” económico, social, comunitario y productivo, instaurado en 2006, ha llevado al país a una encrucijada: persistir en un sistema económico extractivista agotado con una fuerte participación estatal, que conlleva consecuencias sociales devastadoras, como el hambre y el aumento de la pobreza, o dar un giro hacia un modelo económico que fortalezca y respete la iniciativa privada con un estado más eficiente e institucionalidad sólida.

Recientemente, el gobierno permitió la importación de combustible por parte del sector privado como medida para paliar la escasez de diésel. Sin embargo, esta solución no aborda el problema de fondo: la falta de dólares. Esta crisis de divisas es el resultado directo de un modelo económico que dependió exclusivamente de los ingresos provenientes del gas, agotando los recursos del país sin generar nuevas fuentes de riqueza.

El modelo económico del MAS se anidó sobre la estructura económica que el DS 21060 había establecido, la estructura de empresas privatizadas por la Ley de Capitalización, así como el sistema de distribución establecido por la Ley de Hidrocarburos 3058, promulgada el 17 de mayo de 2005. Esta última ley incrementó del 18% al 50% los ingresos del Estado por hidrocarburos, distribuyéndolos entre los departamentos, municipios, universidades y pueblos indígenas.

En cuanto al gasto, el modelo del MAS incrementó el gasto público para expandir la demanda agregada y generar incrementos en la producción año tras año. Sin embargo, en 2014, el gasto superó los ingresos, y a pesar de las alertas de analistas y académicos, en lugar de recortar los gastos, optaron por aumentar el déficit fiscal. Este déficit se hizo estructural y, al final, devoró las reservas internacionales de 15.000 millones de dólares, afectando los cimientos de la economía y resultando en la crisis actual, cuyas manifestaciones son la escasez de dólares, el desabastecimiento de combustible y el encarecimiento de los productos importados.

Lejos de generar empleo formal y productivo, el modelo del MAS ha favorecido el crecimiento de la economía informal, que hoy abarca el 85% del empleo en el país. Esto evidencia la incapacidad del gobierno para canalizar el gasto público hacia sectores estratégicos que diversifiquen la economía y promuevan el desarrollo sostenible. Además, las excesivas demandas de organizaciones sociales, gobernaciones y municipios por obras públicas han incrementado el déficit fiscal sin ofrecer beneficios estructurales a largo plazo.

El agotamiento de los recursos provenientes del gas y la falta de divisas han llevado a un incremento acelerado de la deuda externa sobrepasando los 22.000 millones de dólares. En lugar de fortalecer la economía, el modelo del MAS tiene a Bolivia en una posición vulnerable, dependiente de préstamos internacionales y con una población que enfrenta crecientes niveles de precariedad.

Es evidente que el modelo económico del MAS ha llegado a su límite. Persistir en esta fórmula solo profundizará la crisis. Es imperativo un cambio estructural que priorice la atracción de inversión externa directa. Bolivia necesita un modelo económico que no dependa exclusivamente del gasto público y los recursos naturales, sino que fomente un desarrollo inclusivo y sostenible, con seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada, tanto individual como colectiva, con diversificación productiva y formalización del empleo e integrada a los avances tecnológicos globales.

¿Tiene el gobierno la capacidad de realizar este viraje? Lamentablemente, por las señales que ha dado hasta ahora, la respuesta es negativa. En lugar de resolver el problema de la falta de dólares, el gobierno se preocupa por los controles de precios. Hace acuerdos con el sector privado para transferir responsabilidades, a sabiendas de que no tienen la capacidad de almacenamiento ni la logística desarrollada. Buscan ingresar dólares a la economía únicamente a través de créditos que resuelven la liquidez de manera momentánea (solo para una semana). Además, devolvieron el crédito del FMI obtenido por el gobierno transitorio, cuando este organismo tiene la capacidad de otorgar créditos para resolver un déficit en la Balanza de Pagos. En fin, la lista de señales negativas es extensa.

El tiempo para aplazar estas reformas se agota. Las consecuencias de no actuar serán irreversibles, y la población se verá forzada a participar en elecciones donde ya existe un ganador predefinido. En última instancia, esto puede llevar al uso de la violencia. El fin del mal llamado “modelo” es inminente; su permanencia se debe únicamente a la apabullante propaganda estatal. Mientras tanto, las colas en los surtidores de combustible y las marchas de protesta son un llamado urgente al cambio. Este giro no es solo una demanda social, sino una necesidad imperativa para garantizar el futuro económico y social del país.