En la antesala del aniversario 199 de la independencia de Bolivia, el país está sumergido en una espiral conflictiva y el Gobierno atraviesa uno de sus peores momentos, que repercute en la esperanza de los bolivianos y la percepción con relación al futuro económico, social y político. La semana pasada estuvo marcada por el paro del transporte pesado y urbano. La medida congeló las carreteras y perjudicó la normalidad de las actividades en las principales capitales.

Las protestas en este momento son perjudiciales sin lugar a dudas. Pero a la vez son una fuerte llamada de atención sobre las carencias que afectan a varios sectores de la economía.

El principal problema en este momento es la escalada en la cotización de las monedas extranjeras, especialmente el dólar, porque esto repercute en el consumo de todos los habitantes y, sobre todo, en la creciente incertidumbre ciudadana.

La llegada de diésel al país ha logrado una pausa en las protestas de los transportistas; con ello, se abre un paréntesis hasta después del 6 de agosto. Pero esto no deja soluciones definitivas a las necesidades existentes. No obstante, es una ventana de oportunidad para que el Gobierno tome medidas de fondo para escuchar la voz de la calle y actúe en consecuencia.

Así como el presidente monitoreó la descarga y transporte de combustible a las diferentes capitales, ahora le toca hacer un seguimiento riguroso a la importación directa de diésel para el sector del transporte y de la producción, ya que la decisión de permitirlo no alcanza, hay que lograr que los compromisos con los privados se cumplan.

Por otro lado, solo la exportación permitirá que haya más dólares en el mercado nacional y eso pasa por liberar por completo la venta de los productos bolivianos a los diferentes mercados internacionales. Ahora los ministros dicen que hay libertad para exportar, pero en los hechos se mantienen los cupos y las restricciones.

En este momento, se mantiene el bloqueo en San Julián en demanda de biotecnología. Hace unos meses el presidente dijo que era posible desarrollar eventos, siempre que sean hechos en Bolivia, pero esto ha demorado mucho y eso pospone el alivio para el agro, que está golpeado por factores climáticos, lo que marca otro problema sin solución.

En el agro también hay un problema con la seguridad jurídica, porque continúan los avasallamientos y no tienen freno.

La consecuencia es que los capitales capaces de generar recursos y empleo están saliendo del país por la falta de divisas. Expertos consideran que hay una parálisis de la economía. Por tanto, urgen medidas de fondo.

Tanto desde el sector privado como desde el que fue el entorno cercano al presidente, se cuestiona que la economía esté más definida por el dogmatismo, que por una actualización de políticas que estén acordes con el momento. Esto obliga a una profunda reflexión sobre lo que Bolivia necesita ahora y asumir que la salida de la crisis implica una alianza mancomunada entre todos los sectores sociales, políticos y económicos.

No sería correcto pensar que el problema actual es solamente político electoral, porque está claro que el alcance de la crisis es mucho mayor que una pelea partidaria.

Es de esperar que el mensaje presidencial del 6 de agosto tenga una mirada de estadista y que llegue con una ruta a seguir. No ayudará a la aprobación de su imagen y la del gobierno que solo se busque culpables externos, en vez de reconducir la política económica y la elección. Esta segunda opción puede hundir más la economía y la esperanza de la gente, así como sus propias aspiraciones políticas hacia futuro.