El modelo de desarrollo cruceño ha sido clave en la economía boliviana, generando un crecimiento significativo en agricultura, ganadería e industrias derivadas, como la agroindustria y la exportación de productos no tradicionales. Hoy, Santa Cruz representa el 30% del PIB del país y el 70% de los alimentos consumidos en Bolivia proviene de esta región, con exportaciones que superan los 1.700 millones de dólares. A pesar de estos logros, el modelo actual plantea preguntas importantes sobre su sostenibilidad y su impacto en el medioambiente, especialmente en relación con las quemas forestales.

Santa Cruz ha sufrido graves incendios forestales que, según datos recientes, han consumido cerca de cuatro millones de hectáreas de tierras fiscales, comunitarias y áreas protegidas. Este fenómeno, que ocurre anualmente, no solo pone en riesgo el ecosistema, sino que también cuestiona las políticas que permiten y fomentan la deforestación. A pesar de que solo el 20% de las quemas ocurre en tierras productivas, las políticas nacionales, como la normativa del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), obligan a los propietarios a desmontar para demostrar el uso productivo de la tierra. Este marco legal, que no distingue adecuadamente entre el uso sostenible y la explotación insostenible, crea un incentivo perverso para la deforestación.

Es en este contexto donde surge la pregunta: ¿deberíamos replantear el modelo de desarrollo cruceño? Los defensores del modelo argumentan que se trata de un esquema productivo que promueve la sostenibilidad, el cuidado de la tierra y la integración económica. Sin embargo, la realidad ambiental sugiere que este desarrollo no puede sostenerse si continúa priorizando la expansión agrícola y ganadera a expensas de los bosques. Las leyes que fomentan la deforestación no están alineadas con los principios de sostenibilidad y es imperativo que se revisen.

Aun así, es importante hacer una distinción: el problema de los incendios y la deforestación no es solo una cuestión del modelo cruceño, sino del marco regulatorio y político a nivel nacional. Sin políticas de prevención de incendios efectivas, sin sanciones adecuadas para quienes violan las leyes ambientales y sin una revisión de las normativas que obligan a desmontar tierras, las quemas seguirán ocurriendo.

La sostenibilidad debe ser el eje del replanteamiento de este modelo. Se deben implementar políticas que promuevan la producción sostenible, incentivando el uso responsable de la tierra y aplicando tecnologías que reduzcan el impacto ambiental. Existen ejemplos exitosos en el ámbito agroindustrial que han demostrado que es posible.

Además, es urgente fortalecer la institucionalidad y la capacidad de respuesta ante los desastres ambientales. Tampoco podemos ignorar que muchos campesinos llegan de otras regiones a deforestar con fines económicos y políticos. Las políticas públicas deben incluir a todos los actores involucrados, desde pequeños agricultores hasta grandes empresarios, y crear un entorno donde la producción y la conservación ambiental vayan de la mano.

Santa Cruz ha demostrado una notable capacidad de resiliencia frente a crisis, ya sea por incendios, paros o la pandemia. La región seguirá siendo un pilar de la economía boliviana, pero si quiere continuar liderando el desarrollo del país, debe adaptar su modelo productivo a las exigencias de sostenibilidad del siglo XXI. No se trata de elegir entre desarrollo y medioambiente, sino de encontrar un equilibrio que permita que ambos prosperen.