Los avasallamientos de tierras en Santa Cruz escalan a niveles alarmantes, dejando una estela de violencia, secuestros y un preocupante silencio cómplice por parte de las autoridades regionales y nacionales. La toma como rehenes de trabajadores en las propiedades agropecuarias, donde dos policías fueron heridos a machetazos, enciende las alarmas y exige una respuesta contundente del Estado.

Este hecho, que se suma a la ola de avasallamientos que azota al departamento, no solo representa un flagrante ataque a los derechos de propiedad y la seguridad jurídica, sino que también expone la inacción y desidia de las autoridades responsables de garantizar el orden y la paz social.

El silencio cómplice de la Gobernación cruceña, el Gobierno central y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es ensordecedor. Mientras la violencia impera y los trabajadores son privados de su libertad, las autoridades permanecen inertes, dejando la responsabilidad en manos de la Policía, que se ve sobrepasada por la magnitud del problema.

La toma de rehenes ha puesto en jaque no solo la seguridad de los trabajadores y sus familias, sino también la credibilidad de las instituciones llamadas a protegerlos. La brutal agresión a los dos policías que intentaban intervenir en el conflicto es una muestra de la escalada de violencia que impera en la zona, donde los grupos de avasalladores actúan con total impunidad.

Esta situación no solo genera un clima de zozobra y temor entre la población, sino que también tiene graves repercusiones para la economía regional. La falta de seguridad jurídica ahuyenta las inversiones, frenando el desarrollo, en la misma semana en la que el presidente de Brasil pedía estabilidad para sus nuevos proyectos.

Es imperativo que las autoridades reaccionen de manera inmediata y contundente para poner fin a esta ola de avasallamientos y violencia. Se requieren acciones firmes y coordinadas por parte de los tres niveles de gobierno para garantizar el Estado de Derecho, proteger la propiedad privada y llevar a los responsables ante la justicia.

El silencio ya no es una opción. Las autoridades deben escuchar el clamor de las víctimas y actuar con la celeridad y determinación que exige la gravedad de la situación. La tierra de Santa Cruz, herida por la violencia y la impunidad, reclama justicia y protección. Solo así se podrá restaurar la paz social y sentar las bases para un desarrollo sostenible y respetuoso de las leyes.

Es inaceptable que este tipo de hechos se repitan sin consecuencias. La impunidad solo alimenta la violencia y genera un clima de desconfianza en las instituciones. Las autoridades deben actuar con firmeza y determinación para garantizar el orden y la seguridad jurídica en todo el territorio nacional.

La crisis de los avasallamientos de tierras en Santa Cruz no solo es un problema local; es un desafío que pone a prueba la institucionalidad en Bolivia.

La tierra es un bien fundamental para el desarrollo de las comunidades y la economía. Su protección es un deber del Estado y un derecho inalienable de los ciudadanos. Defender la propiedad privada y garantizar un clima de paz social es esencial para construir un futuro próspero para Santa Cruz y para Bolivia en su conjunto.