El presidente Arce construyó su propio destino, su torpeza lo llevó a destruir la estabilidad de la democracia:

Utilizó a jueces/fiscales para encarcelar a una expresidenta y “armar” un proceso ordinario violando sus DDHH. Desconoció la atribución del fiscal general y la ALP para determinar un juicio de responsabilidades. A la luz del derecho no existe el caso “golpe de Estado”.   

El segundo año de mandato 2022 prostituyó las organizaciones sociales, las dividió y les quitó las sedes, incluso a una organización como DDHH. Se quedó con los prebendales. Encarceló a dirigentes que se opusieron: el caso más emblemático fue el proceso criminal al cocalero Apaza.   

Interpretó, en su ignorancia supina, que derrotó a Santa Cruz durante los 36 días de paro por el censo, olvidando que ese hecho marcó un antes y un después sobre la crisis política y económica, producto de la corrupción y despilfarro del MAS. 

Encarceló al gobernador de Santa Cruz y se encumbró como supuesto “líder” del MAS buscando su reelección y destruyendo la institucionalidad de su propio partido. 

Mediante fallos corruptos pretendió intervenir la ALP cercenando sus atribuciones de fiscalización y llegando anular sus leyes. Este acto ruin desconoció el sistema de gobierno: democracia representativa e independencia de órganos. En lugar de construir gobernabilidad perdió la confianza de la ALP.   

Abandonó sus funciones esenciales de proteger y preservar los derechos fundamentales, producto de su incapacidad se produjeron conflictos, paros, bloqueos y avasallamientos de la propiedad agraria por parte de sus partidarios. Generó inseguridad jurídica.  

No intervino como poder del Estado en el daño irreversible e irreparable causado a la riqueza de los recursos naturales renovables y no renovables, flora, fauna, áreas protegidas, parques, reservas forestales, generando una responsabilidad por destrucción del régimen de los RRNN y traición a la patria.

El narcotráfico y la corrupción aumentaron en lugar de disminuir. El caso Marzet es el más emblemático.  

Atacó su propia estabilidad con un comandante que el mismo designó violando la estructura jurídica de las FFAA, y pretendió escalar su popularidad causando un daño irreversible a la imagen del País.

La actual marcha del presidente Morales fue anunciada hace 2 meses, frente a la incompetencia para procurar los diálogos necesarios y otorgar las garantías de vivir en paz a todos los bolivianos aplicando la CPE/ley.

Evo Morales Ayma está pretendiendo forzar una sucesión constitucional al margen de la voluntad ciudadana, pretendido apelar a la aplicación del art.169.I de la CPE para que la sucesión llegue al presidente de diputados y se convoque a elecciones en 90 días.

En la crisis de Estado EMA pretenderá habilitarse, porque el calendario electoral del TSE será producto de la crisis política generada por el MAS y no en los plazos señalados por la ley 026. Lo cierto es que EMA con crisis o sin crisis no puede ser candidato.

A 15 años de vigencia de la CPE, el País es administrado por un poder miserable representado por el MAS. EMA y LAC no merecen ser gobernantes, porque han destruido el sistema de gobierno de la República, la estabilidad de la democracia, la macro economía, la institucionalidad de los órganos públicos, los derechos fundamentales y el estado de derecho.