El ruido ensordecedor de la política calla las voces de la naturaleza depredada en Choré. Su superficie de más de 770.000 hectáreas, ubicadas en dos provincias y tres municipios del departamento de Santa Cruz ya dejó de ser plenamente reserva forestal. Un decreto supremo recién promulgado ha partido este territorio y lo ha abierto a que se convierta en un área de manejo integrado, donde podrá consolidarse la presencia de comunidades campesinas e interculturales, que podrán tramitar permisos para chaquear, para tumbar árboles, sembrar productos agrícolas, etc. El Decreto 5202 fue promulgado el miércoles y ya encendió las alarmas en este departamento porque los especialistas y estudiosos ven que con esta herramienta legal se abre la posibilidad de que se actúe de la misma manera con otras áreas protegidas y reservas forestales.

Desde la organización Fundación Tierra recuerdan que fue precisamente en el Choré donde el año pasado hubo una salvaje quema de bosques, que dejó un área desértica, pérdida de vidas animales silvestres y de recursos forestales. Las secuelas se sintieron en las principales ciudades del departamento, donde se sintió la contaminación más fuerte de los últimos años. Entonces, el Instituto Nacional de Reforma Agraria y la ABT negaron la otorgación de permisos para que estas prácticas se consumen. Se supo que los causantes eran miembros de comunidades campesinas e interculturales que estaban asentados ilegalmente en la zona.

En octubre del año pasado, una comisión de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo departamental inspeccionó la Reserva Forestal. Ahí se constató que habían ardido más de 54.000 hectáreas. También hallaron casas de madera, que tenían algunas plantas sembradas y algunos vehículos ya instalados en las áreas depredadas. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) negó la titulación en esa zona; sin embargo, el nuevo decreto revierte todo esto porque en una disposición transitoria establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua aprobará la reglamentación de requisitos y procedimientos para la otorgación de permisos de uso y aprovechamiento sustentable de recursos naturales.

Una reserva forestal es un área de bosque que se utiliza para el aprovechamiento forestal sostenible. De acuerdo a las normas bolivianas, estas reservas son inalienables (es decir que no se permiten los asentamientos humanos ni la deforestación). Sin embargo, el nuevo decreto supremo recorta 220.000 hectáreas para convertirlas en Áreas de Manejo Integrado, que en las definiciones son zonas en las que se debe compatibilizar la protección del medioambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales. En otras palabras, con el decreto se legaliza la presencia de comunidades, avasalladores, etc. Eso significa que el INRA entregara títulos de propiedad en una zona que antes era sagrado santuario de los recursos naturales. Con ello, permisos para desmontar y para quemar.

También se valida la posibilidad de que se cambie el uso de suelo, que la zona deje de ser bosque para convertirse en área de cultivos, con lo que se afecta la preservación del medio ambiente y se favorece la desertificación, la sequía y el calentamiento global.

Además, Fundación Tierra advierte que gran parte de los ‘beneficiarios’ de esta titulación son miembros del Movimiento Al Socialismo, en lo que se ha definido como un objetivo geopolítico para lograr votos donde históricamente no los ha conseguido. Lo peor es que también se lanza la alerta de que los que acceden a títulos y a la propiedad de esos predios sean comerciantes de la tierra, en otras palabras, traficantes y depredadores.

Son acciones graves que ocurren mientras la clase política entretiene a la ciudadanía con otros debates. Se espera la palabra de la Gobernación de Santa Cruz, que ha mantenido un preocupante silencio frente a esta nueva norma aprobada por el Gobierno de Luis Arce.