En el último Censo de Población y Vivienda ha quedado demostrado que hay un nuevo país, radicalmente diferente. Es un país urbano y concentrado en el eje central. Los datos revelan que los municipios de la periferia están perdiendo población y que la mayor parte de los gobiernos municipales van a percibir menos recursos económicos si es que la redistribución es mantiene como hasta ahora. Es urgente debatir sobre un nuevo pacto fiscal que atienda las nuevas necesidades de los bolivianos, allí donde se encuentren.

Los datos informados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que los tres departamentos del eje central: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, congregan a 8,1 millones de habitantes. Y que en los seis departamentos restantes viven 3,1 millones de personas. Más del doble de la gente se concentra en tres regiones y sus municipios.

Asimismo, refleja que, si Santa Cruz de la Sierra es el municipio más poblado con 1,6 millones de personas; el más pequeño en número de habitantes está en Oruro y no tiene ni mil personas. Obviamente, hay una desproporción de ingresos por coparticipación tributaria, que expulsa a quienes viven en las localidades más pequeñas y las impulsa a llegar a los lugares con mayor concentración, porque allí también hay mayores oportunidades.

El país dejó de ser la Bolivia rural de la que tanto habló el Gobierno y la falta de políticas de incentivo a las alcaldías también contribuye a la expulsión de la gente hacia las grandes urbes. En las ciudades más concurridas hay una presión muy fuerte para acceder a servicios, de salud, de educación y otros, convirtiendo la realidad cotidiana en un círculo sin fin. Es decir que hay una tendencia a la precariedad general, en todos los casos por falta de recursos económicos.

Hay varios factores para esto. El primero es que el Estado central se queda con ocho de cada diez bolivianos que se recaudan y distribuye lo que resta entre los municipios y las universidades de Bolivia. Ese es el primer cambio urgente. En este momento, el dinero que maneja el gobierno central se va en burocracia, en subsidios, en pago de deuda externa, porque este nivel ni siquiera está utilizando lo que recauda en cumplir a cabalidad sus competencias constitucionales, pues varias de ellas han sido delegadas a las gobernaciones y alcaldías, mermando aún más los fondos de las entidades subnacionales.

Además, tomando en cuenta que 171 municipios verán disminuidos sus ingresos por coparticipación tributaria versus 167 que los aumentarán, de acuerdo con un análisis realizado por Fundación Jubileo y publicado por EL DEBER, es preciso replantear si el dato poblacional es el único indicador suficiente para definir cómo se redistribuyen los recursos económicos. Los expertos consideran que se debe impulsar las alianzas público privadas para generar más ingresos en los municipios, pero también es preciso discutir acerca de si sigue siendo pertinente que el Estado central se siga quedando con la gran porción de la recaudación tributaria, mientras las entidades autónomas siguen con muchas necesidades no atendidas por la falta de fondos.

A fin de año se conocerán más detalles de la población en el país y es vital comenzar el debate acerca de la necesidad de un nuevo pacto fiscal. Seguir con el actual esquema solo provocará que los municipios más pequeños sigan expulsando a sus habitantes, que llegan a las grandes capitales, especialmente en el eje, donde encuentran carencias porque las asignaciones tampoco alcanzan.