Al actual fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, le quedan 40 días más en el cargo. La autoridad dijo que el próximo 22 de octubre dejará sus funciones en el contexto del mandato de seis años que le otorgó la Asamblea Legislativa. El 4 de septiembre comenzó allí mismo el proceso de designación de la nueva autoridad que estará a cargo del Ministerio Público hasta el año 2030. Pero, hasta ayer ni un solo postulante logró inscribirse.
De hecho, hasta las oficinas de la Comisión Mixta de Justicia Plural del Legislativo solo han llegado unos cuantos interesados para preguntar por los requisitos en estos casi 10 días de apertura. El plazo para este procedimiento vencerá el 18 de septiembre, de acuerdo con el calendario aprobado el 2 de septiembre por la Asamblea.
“No podemos marearnos con el cargo, debemos ser respetuosos de la Constitución, que establece que la forma de elección del Fiscal General es mediante dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el periodo de funciones es de seis años y (el mío) vencerá el 22 de octubre”, dijo Lanchipa a los periodistas el martes tras la celebración de un seminario internacional.
Ante esta fecha límite, según explicó el fiscal, prepara el informe de gestión que debe ser presentado ante el pleno de la Asamblea.
Pero el escenario político se puso impredecible, según hicieron notar ayer los legisladores de varias fuerzas políticas. La elección de la nueva autoridad del Ministerio Público debe contar con el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes. En 2020, cuando comenzó el periodo constitucional de la era de Luis Arce como presidente, la correlación de fuerzas estaba compuesta por tres fuerzas, la mayoritaria expresada en el MAS y las dos alianzas de oposición, Creemos y Comunidad Ciudadana (CC). Tres años después, en el Legislativo existe una fragmentación que prácticamente triplicó la fórmula legislativa original. Esto sucede, además, a un año de los comicios nacionales.
El presidente de la Comisión Mixta de Justicia, el diputado Roberto Padilla, quien pertenece a la facción evista del MAS, responsabilizó a los dirigentes leales al presidente Arce por promover, junto a la COB, una vigilia justo en la puerta del viejo edificio del Legislativo, donde se tienen que recibir inscripciones para ser fiscal.
“Nos está perjudicando en este momento y peor todavía a la Comisión Mixta de Justicia Plural; han cerrado las puertas donde tienen que entrar los que tienen que postularse para el Fiscal General del Estado”, señaló el legislador a los periodistas.
Padilla también exteriorizó sus dudas sobre la posible existencia de una estrategia del Gobierno para nombrar a un fiscal por decreto. “Creo que hay una intención desde el Gobierno nacional para que no tengamos postulantes para el Fiscal General del Estado y después de eso cumplir lo que dijo ministro (Iván) Lima que esto sea por decreto”, enfatizó.
El asesor legal del Senado, Israel Quino, aclaró que el presidente Luis Arce no tiene facultad constitucional de designar por decreto al fiscal, ni el fiscal puede prorrogarse en su cargo, como sucedió con los altos magistrados del Órgano Judicial Plurinacional.