Mario Aguilera, el gobernador en ejercicio de Santa Cruz, explicó que el pago del pre-diario que es para el llamado “rancho” o el alimento de las personas recluidas en el penal de Palmasola, así como el resto de las carceletas del departamento no es una competencia autonómica, sino “delegada” por el gobierno central.

Aclaró que no una obligación constitucional de las gobernaciones departamentales el pago de este estipendio en favor de la alimentación de las personas recluidas. Aguilera indicó que la falta de recursos y el incumplimiento en la transferencia del Presupuesto General del Estado han agravado la situación para la que atraviesan los privados de libertad.

“Estamos realizando una reingeniería financiera para cumplir con estas necesidades lo más pronto posible, pero, esta responsabilidad debería ser asumida por el Gobierno nacional, al igual que otras 16 competencias que no corresponden a los gobiernos autónomos departamentales, como el pago de títulos de bachiller o bonos de vacunación”, argumentó.

El gobernador también destacó que los ingresos departamentales han disminuido debido a la caída de la producción petrolera y gasífera, que históricamente ha sido la principal fuente de recursos. De hecho, el gobierno fue activando decretos para transferir competencias cuando la renta petrolera estaba al alza.

Este martes, en el penal de Palmasola hubo una protesta de los internos. Al grito de “¡Rancho, rancho!”, los detenidos exigieron el pago de los prediarios. Según denunciaron los internos, llevan casi una semana sin recibir alimentos debido a una deuda de tres meses.

Los privados de libertad, con pancartas y ollas vacías, reclamaron por la crítica situación alimentaria que afecta a más de 11.000 reclusos en el departamento. Por cada día de alimento reciben una ración alimenticia equivalente a Bs 8, algo más de medio dólar según la cotización paralela de la divisa que también afectó a la elevación del costo de vida en todo el país.

La deuda endosada a la Gobernación, según esta base de datos es de Bs 7,9 millones por los tres meses de alimentos. “Hace dos semanas que no comemos como se debe. Aquí hay personas de la tercera edad y jóvenes con problemas de salud que están sufriendo esta situación”, declaró un interno entrevistado por medios locales.

Limpias en Palmasola 

Juan Carlos Limpias, director nacional del Régimen Penitenciario, confirmó que ya enviaron notas oficiales a la Gobernación exigiendo el pago de los prediarios. “Es una deuda que no podemos ignorar; el derecho a la alimentación está siendo vulnerado, más aún en una fecha tan simbólica como el Día Internacional de los Derechos Humanos”, expresó.

El funcionario que llegó hasta el mitin les pidió paciencia a los detenidos y luego la movilización se detuvo. Limpias también informó que la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos están interviniendo para buscar una solución inmediata.

Presupuesto rechazado 

El 27 de noviembre siete de los nueve gobernadores del país rechazaron al proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, argumentando incumplimientos de acuerdos previos por parte del Gobierno nacional. Uno de ellos, el compromiso de “devolver” las competencias como el pago de prediarios.

Según el documento firmado por los gobernadores de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y Cochabamba, junto a los equipos técnicos de Beni, Oruro y Potosí, el presupuesto proyectado no incorpora compromisos asumidos en el último Consejo Nacional de Autonomías.

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