Un nuevo episodio del largo conflicto de poderes que golpea a la institucionalidad democrática de Bolivia se escribió ayer cuando el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en ejercicio de la titularidad de la Asamblea Legislativa, promulgó los proyectos de ley 079 y 075. El primero ordena a los magistrados del Órgano Judicial abandonar sus cargos porque su mandato constitucional expiró el 31 de diciembre de 2023; el segundo valida uno de los préstamos internacionales reclamados por el gobierno del presidente Luis Arce.
La normativa validada ayer por Andrónico, además, anula los fallos de los magistrados, especialmente los emitidos desde el Tribunal Constitucional (TCP) a partir del 2 de enero de 2024.
En ese contexto, la norma establece reemplazar a los “autoprorrogados” por los jueces más antiguos de cada sala constitucional de manera de no paralizar su funcionamiento de esa entidad. Instruye un mecanismo similar para las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Esta promulgación es cumplir con la Constitución Política del Estado y el pueblo. Habíamos advertido desde el 2023; en caso de que los magistrados se extiendan con una simple declaración constitucional, entraríamos a una crisis”, explicó Andrónico a los periodistas tras el acto de promulgación de las polémicas leyes.
La decisión desató reacciones en todos los niveles del Estado. Desde la oposición aplaudieron la postura del Presidente del Senado por la posibilidad de que finalice la prórroga indefinida y unilateral que decidió el TCP para evitar la paralización del funcionamiento de ese poder del Estado; desde el arcismo la declararon ilegal e “inconstitucional” porque esas normativas fueron anuladas, precisamente, por un dictamen emitido por los magistrados afectados.
“El Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento a la disposición cuarta de la Declaración Constitucional Plurinacional 049/2023 de 11 de diciembre, de carácter vinculante según el Art. 203 de la Constitución Política del Estado, aclara a la población y al público usuario, que viene desarrollando sus labores jurisdiccionales y administrativas con absoluta normalidad”, se lee en un “comunicado urgente” emitido por los magistrados del TCP.
“Hermano Andrónico, yo te pido de que no te equivoques al querer promulgar una ley que es inconstitucional. Todos queremos elecciones judiciales, evidentemente, pero tenemos que garantizar estas elecciones. Queremos que se vayan los jueces, los magistrados, pero para eso tenemos que garantizar las elecciones judiciales”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados al leer una declaración. Además, apuntó a Evo Morales como la persona que se puede beneficiar con esa ley.
Poco después de prorrogarse, aun con el mandato legal del voto, los magistrados del TCP, aprobaron la sentencia 1010 que “modula” una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que desconoce a la “reelección presidencial indefinida” como derecho. A principios de este mes, ya con la “autoprórroga” vigente, aprobó un dictamen que aclara que la prohibición se aplica para una aspiración “continua” y “discontinua”. Con ello, anuló la posibilidad de que Evo se presente como candidato. Luego otorgó el control del MAS a la facción arcista del MAS y anuló parcialmente las elecciones judiciales de diciembre. Todo ello bajo el amparo del Artículo 203 de la Constitución que declara “vinculante, de cumplimiento obligatorio” y exenta de “revisión ulterior” los fallos de este tribunal del Órgano Judicial.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo sentirse apenado por la decisión del Presidente del Senado a quien ve como “una víctima más del señor Evo Morales que siempre ha utilizado a la juventud para sus intereses”.
“(Esa ley) tiene completa carencia de validez legal y nos apena que Andrónico Rodríguez se haya prestado al juego de dejar sin efecto más de 8.000 sentencias constitucionales en todo el territorio nacional, pero con un objetivo nefasto que es buscar la habilitación del señor Evo Morales, transgrediendo la Constitución”, afirmó Del Castillo, aunque la polémica ley otorga potestad a las salas constitucionales departamentales para que la administración de justicia no se paralice.
Los proyectos 075 y 079 fueron aprobados en una sesión de Asamblea Legislativa del 6 de junio, que fue convocada y presidida por Rodríguez. Los magistrados del TCP, afectados por esta decisión declararon nula esa sesión, a través del Auto Constitucional Plurinacional 0041/2024 del 19 de junio de 2024. “Resultan nulos de pleno derecho todos los actos legislativos efectuados por la autoridad recurrida, Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con posterioridad a su notificación con el AC 0254/2024-CA de 6 de junio”, se lee en ese dictamen.
El argumento de esta acción radica en el hecho de que no existe de manera literal ninguna disposición que señale expresamente que el presidente del Senado ejerce el mandato de la Asamblea ante la ausencia o el ejercicio temporal de la Presidencia que pueda ejercer el Vicepresidente, tal como sucedió ayer tras el viaje de Luis Arce a la cumbre del G20 que se desarrolla en Rio de Janeiro.
El diputado Carlos Alarcón (CC) afirmó que Andrónico, en su calidad de presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, “ha actuado correctamente” al promulgar la Ley 075 “haciendo respetar a la Asamblea Legislativa como el primer poder del Estado”, y lo que corresponde es que inmediatamente el Tribunal Supremo Electoral retome la administración de las elecciones judiciales completas y que los magistrados prorrogados cesen sus funciones.
“El día de mañana (hoy) tienen que limpiar sus escritorios y tienen que asumir su responsabilidad con la justicia, Los magistrados han causado un descalabro constitucional completo. Han pretendido destruir la democracia”, afirmó el diputado Alarcón.
En todo caso, cualquier ley que sea promulgada entra en vigencia únicamente cuanto sea publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, una entidad que depende del Ministerio de la Presidencia. Del Castillo anticipó que una vez que el documento llegue al Ejecutivo en el marco del trámite de validación será devuelto al Legislativo con el dictamen de los magistrados del TCP “autoprorrogados”.
Para el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, la norma validada por Andrónico apunta a beneficiar a Morales, puesto que tiene interés en volver al poder y, en este caso, a través de la anulación de los fallos del TCP.
La autoridad académica también puso en duda que la Gaceta Oficial publique esa normativa y cuestionó a los legisladores de CC por haber intentado favorecer a Evo. Desde Creemos, Fabiola Guachalla, dijo que el MAS activa una estrategia para reunificarse.
Conflicto
El TCP aparece como un “suprapoder”, de acuerdo con legisladores de la oposición y del evismo.
Los mismos
Los magistrados de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son Gonzalo Hurtado e Yván Espada y sus firmas están en todos los fallos.
Sesión
El 6 de junio cuando se aprobó el cese de magistrados, el arcismo hizo de todo para anularla. Se fumigó el edificio y fue cortado el suministro de electricidad..