El presidente Luis Arce afirmó en las últimas horas que es “evidente” la participación de Luis Fernando Camacho en el supuesto “golpe de Estado” en 2019 y justificó la detención preventiva que el gobernador de Santa Cruz cumple en la cárcel de Chonchocoro.
La máxima autoridad nacional, que participó ayer lunes del acto de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva como mandatario de Brasil, conversó con el diario Folha de Sao Paulo, instando indagar la participación del exjefe de Estado, Jair Bolsonaro, en los hechos que vivió Bolivia.
“Camacho se negó a presentarse a las cuatro citaciones (de la Fiscalía). Hoy hay videos en las redes en los que confiesa haber participado en el plan para poner a (Jeanine) Áñez en el cargo. Y, por si fuera poco, todos lo vieron en el balcón de Palacio Quemado con la Biblia en la mano”, dijo Arce.
El primer mandatario dijo que “la evidencia de su participación es evidente”, y explicó que cuando se abrió la investigación, en 2020, muchos de los sindicados acudieron a declarar ante el Ministerio Público, algo que Camacho no hizo.
“En 2020, cuando se abrió una causa contra él y contra varios de los que participaron en el golpe, muchos de los implicados acudieron a los tribunales. Aunque fue para no decir nada, que también es válido. (El expresidente) Carlos Mesa, por ejemplo, fue llamado y no dijo nada, pero está en su derecho, hizo lo correcto”, acotó.
Detalló que “seguimos investigando y cada vez tengo menos dudas de que haya una relación entre el golpe de Estado en Bolivia y la actuación de (Jair) Bolsonaro”. También anticipó que el nuevo presidente, Lula da Silva, recibirá información al respecto.
“Al compañero Lula queremos mostrarle todas las hipótesis que hemos planteado y que hemos ido documentando durante todo este tiempo. Esperamos que Brasil, con Lula, pueda colaborar más que el gobierno anterior. Carecemos de información de este lado para confirmar nuestras sospechas. Principalmente que el golpe de Estado involucró a muchos más actores y fue un plan ideado ilegalmente”, acotó.
Según el Artículo 26 del Estatuto de Santa Cruz, la primera autoridad regional deja de ejercer el cargo en caso de muerte, si renuncia ante la Asamblea Departamental; por “ausencia e impedimento definitivo”, sentencia ejecutoriada y revocatorio