Contra todo pronóstico, los candidatos “favoritos” del Gobierno y los más cuestionados por la oposición y la ciudadanía, entre ellos Israel Campero y Marvin Molina, se aplazaron ante el escrutinio público y no lograron ni siquiera ser suplentes en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), respectivamente.
Desde el Legislativo señalan que este hecho es un mensaje directo al Gobierno y un “voto castigo” por todas las acciones que ambos cometieron, como por ejemplo, prohibir a la Asamblea Legislativa interpelar a los ministros de Luis Arce, o “negociar pegas” en el Órgano Judicial.
En cambio, para un exmagistrado del TCP, no es de gran relevancia que Campero y Molina no fueron electos, ya que otros candidatos menos mediáticos y mernos polémicos, pero con la misma inclinación política al MAS, ganaron la elección, lo que se traduce en que el Gobierno continúa manejando el sistema judicial.
El abogado, Israel Ramiro Campero, exvocal y expresidente de la Sala Constitucional Primera de La Paz, aspiraba a ser magistrado del TCP, pero solo obtuvo el 9,6% de votos y quedó en cuarto lugar entre los candidatos varones.
Campero, fue blindado en el proceso de preselección por la mayoría masista que rechazó las siete impugnaciones en su contra y lo habilitó como uno de los candidatos “más fuertes”. Una de las medidas más polémicas de Campero fue suspender mediante un amparo las atribuciones constitucionales de los asambleístas de interpelar a ocho ministros de Estado. Desde ese fallo ningún ministro volvió a ser interpelado ni fiscalizado por el Parlamento.
Otra de sus medidas fue ordenar al TSE que vayan como observadores al congreso arcista que se realizó en mayo en El Alto, pese a la negativa del ente colegiado porque la convocatoria no cumplía con el reglamento del MAS.
El abogado potosino Marvin Molina, que estuvo en el Consejo de la Magistratura seis años y ocho meses, buscaba quedarse por otros seis años más como magistrado del TSJ, pero quedó fuera con un 30,8% de votos.
Se recuerda a Molina por un audio suyo en el que se escucha coordinar espacios de poder en el Órgano Judicial en Potosí, con el diputado del MAS, Antonio Colque. Ambos admitieron el hecho y la acción le costó la presidencia del Consejo de la Magistratura.
Para el diputado Urquidi, los resultados de la elección judicial representan un “mensaje claro” de la ciudadanía al Gobierno de Luis Arce para decirle que ya no está dispuesta a aceptar que siga sometiendo a la justicia a sus intereses políticos.
“Pero también es un mensaje claro a los autoprorrogados y a la gente que está en el TCP de forma ilegal e inconstitucional y que se ha dado a la tarea de romper la institucionalidad y de bloquear a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo Electoral, la gente se ha dado cuenta que este grupo le hace un gran daño a la institucionalidad del país”, dijo Urquidi.
En tanto, el senador del MAS, William Torrez afirmó que la población les dio un “voto castigo por su mal desempeño como autoridades” que refleja la sanción de la ciudadanía.
“Campero ha sido tremendamente funcional al Gobierno de Arce, fue un vocal de pésimo desempeño, vulneró la Constitución. Este ciudadano se tomó el atrevimiento de prohibirle cumplir con sus obligaciones a un órgano del Estado”, afirmó Torrez.
No obstante, estos resultados no son suficientes, para Torrez ya que cinco de los nueve prorrogados continúan en sus cargos y “seguirán obstaculizando la restauración del Órgano Judicial”.
Para el exmagistrado del TCP, Marco Antonio Baldivieso, la derrota de estos personajes no implica que el masismo esté fuera del sistema judicial, ya que candidatos menos visibles y no tan evidentes, pero con la misma inclinación política, sí fueron electos.
“Hubo una estrategia del MAS tanto evista como arcista para tener varios candidatos. Se ha vuelto a repetir lo de 2017 y lo de 2011: la mayoría de los candidatos que han ganado las elecciones sí han sido apoyados por el MAS, sean evistas o arcistas. El MAS otra vez ha logrado ganar en varios reductos del sistema de justicia”, dijo Baldivieso a EL DEBER.