Chile endurece su ley migratoria y, entre la modificación de 56 artículos de esta norma, está la sanción para personas, empresas y medios de transporte que fomenten y faciliten la entrada irregular al vecino país desde la zona fronteriza. En este procedimiento incurren varios ciudadanos bolivianos con la intención de buscar ofertas laborales. Mientras, en Argentina se aplicó un control estricto a sus fronteras, pero éste todavía no afecta al comercio informal porque siguen las operaciones de contrabando.
Chile debate ahora la modificación de su ley migratoria. En carpeta está el cambio de 57 artículos, uno de ellos es endurecer las sanciones para personas que ingresen ilegalmente al vecino país. Esta posición cobró reproches de varias organizaciones de defensa de derechos de personas en situación de movilidad.
Este proyecto establece fuertes sanciones para personas, empresas y medios de transporte que fomenten y faciliten la entrada irregular a Chile desde las zonas fronterizas hacia el interior de su territorio, con especial foco en la prevención de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. En caso de reincidencia, se podrá incautar y cancelar los permisos de los medios de transporte que trasladen personas sin la documentación requerida y oficial.
Asimismo, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) podrá revocar permisos migratorios de aquellas personas extranjeras que radiquen en Chile y que tengan condenas por faltas reiteradas ante juzgados por ruidos molestos, riñas y comercio ambulante, como una medida para promover la convivencia armónica en los barrios y espacios públicos en suelo chileno.
Ahora, entre las facultades que tendrá el Sermig de Chile, el proyecto ampliará las causales de expulsión contra personas involucradas en delitos como violencia intrafamiliar, explotación sexual, sicariato, uso y porte ilegal de armas, narcotráfico, entre otros, con el fin de “resguardar la seguridad pública e impedir que personas extranjeras con antecedentes penales residan en el país”.
En cuanto a los requisitos de nacionalización, la modificación incrementa el periodo de residencia de cinco a diez años y exige una prueba de conocimientos para los solicitantes. La normativa establece, además, causales específicas para el rechazo o revocación de la nacionalización en casos de delitos graves, abordando así un vacío en la normativa actual.
“Estamos muy satisfechos con el resultado de la votación. Es una gran noticia que este proyecto avance al Senado porque perfecciona la Ley de Migración y Extranjería en distintos ámbitos, y nos da más facultades para asegurar una migración ordenada y regular”, sostuvo el director de Sermig, Luis Eduardo Thayer.
El proyecto, que ya fue aprobado de forma transversal por las distintas bancadas en Chile, también considera la creación de protocolos de protección para la niñez migrante en la zona fronteriza y de identificación para sus procesos de residencia, a cargo de los Tribunales de Familia y el Registro Civil.
Bolivianos en Chile representan el 9,1% de la población extranjera en ese país
“Este proyecto aumenta las causales de expulsiones, por ejemplo, en delitos de violencia intrafamiliar o explotación sexual, sicariato, porte de armas. También se podrán revocar permisos migratorios a quienes perjudiquen la convivencia en los barrios por faltas como riñas, ruidos molestos o comercio ambulante”, dijo Thayer.
Esta propuesta ya fue aprobada por la Comisión de Gobierno del Senado chileno y en la semana será debatida por el pleno de esa instancia legislativa.
Mientras, Argentina comenzó a patrullar las aguas del río Bermejo, tarea que hasta el momento había sido ejecutada de forma exclusiva por la Policía boliviana. Además, las fuerzas militares y policiales del vecino país controlan varios otros puntos fronterizos, como el de Yacuiba y Villazón.
Con la caída del peso boliviano y la incertidumbre de lo que va a suceder a partir de la implementación del Plan Güemes en la frontera entre Bolivia y Argentina, la gente que vive en puntos fronterizos se avocó a pasar la mayor cantidad de mercadería posible hacia el lado argentino.
En Aguas Blancas, en el lado argentino, como en Bermejo, en el lado boliviano, cientos de personas utilizaron los pasos clandestinos para pasar mercadería. A partir de la ejecución del plan Güemes, esta situación bajó, pero no detuvo el comercio ilegal.
El contrabando de Bolivia a Argentina se mantiene en las fronteras.
El Plan Güemes, iniciado el pasado lunes por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, no ha detenido la masiva compra de ciudadanos argentinos en la zona fronteriza. La mañana del viernes se pudo observar a centenares de argentinos esperando cruzar el puente internacional para ingresar a Bermejo a realizar a compras.
Mientras que por la zona donde se hallan las chalanas, para cruzar el río Bermejo, se observó varias bolsas de mercadería listas para ser llevadas al vecino país. También se pudo evidenciar cajas en fila de electrodomésticos como heladeras, cocinas eléctricas, ventiladores, televisores y aires acondicionados. Los pagos que se realizan en Bermejo se hacen con dólares o pesos argentinos