Después de que Comunidad Ciudadana (CC) presentara un proyecto de ley que garantice la distribución equitativa de publicidad estatal, el jefe de bancada de dicho frente opositor, Carlos Alarcón, resaltó la necesidad de cesar la hostilidad a los medios que no están en línea con el Gobierno, tema que está en sintonía de instituciones como la Asociación Nacional de la Prensa.

En una entrevista con el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, el diputado manifestó que la iniciativa nace después de las denuncias por asfixia económica que sufrió un medio de comunicación cochabambino, tema que que desde CC califican de "hostigamiento tributario" porque se utiliza en apariencia una competencia formal del Estado, pero la finalidad no es alcanzar ese objetivo legal, sino violar o perjudicar unos derechos, tal y como ocurrió con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos que dirige Amparo Carvajal.

"A los fiscales y jueces, que actúan como nuevos paramilitares de la forma de gobierno, resulta que se suma el Servicio Nacional de Impuestos, eso nos pone en alerta roja", manifestó Alarcón durante la entrevista.

El parlamentario consideró que existe una necesidad de equilibrar la balanza de la publicidad estatal en un sentido de dar sobrevivencia a la democracia para que no haya un pensamiento único en la línea de medios en una sociedad diversa y plural como la boliviana.

Alarcón lanzó la propuesta de una nueva norma y busca que se posicione el debate y así evitar la censura a los medios de comunicación en cualquiera de sus formas, es decir, no solo a través de la violencia, persecución penal u hostigamiento tributario o regulatorio, sino también a través de la mala utilización de los recursos de los bolivianos que pagan con sus impuestos esta publicidad en la que se advierte un trato discriminatorio excluyendo a varias firmas de comunicación del presupuesto estatal.

Un ejemplo de ello se da en los medios escritos, donde el Gobierno destinó el 80,7% de su presupuesto de difusión e impresión en dos periódicos. Desde el Tesoro General de la Nación se desembolsaron cerca de Bs 2,6 millones.

Otro ejemplo es que se destinan recursos a medios del exterior, como la venezolana Telesur, en lugar de priorizar a otros medios nacionales que impulsan datos e información que no son otras cosa que un bien de todos los bolivianos.​

En el proyecto presentado por CC se establece como primera medida que la distribución de recursos debe ser equitativa y tomando en cuenta las diferencias que hay entre los medios, ya que no es lo mismo uno de alcance local que otro de alcance nacional, al igual que el uso de los aportes técnicos, donde también deben estar incluidas las asociaciones de periodistas con personería jurídica para establecer criterios y porcentajes.

"Acá está en juego una política de Estado que tienen que ver con la libertad de expresión, comunicación y como dice la ANP se debe dejar de lado la política de silenciar a los medios. Se debe convencer al Gobierno que esta política (el proyecto de ley) oxigena y y enriquece la democracia", sentenció Alarcón, apuntando que se deben dejar de lado el pensamiento único que solo conlleva a censuras.Lea tambiénPoliticaGobierno destinó el 80,7% de su presupuesto de difusión e impresión en dos periódicosComunidad Ciudadana propone un proyecto de ley para equilibrar la inversión estatal en los medios de comunicación privados. El objetivo es generar una política de Estado. La ANP apoya. Dice que debe detenerse la lógica de premiar el silencio

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