Si se suspenden las elecciones judiciales programadas para el 1 de diciembre, por una orden judicial, se puede generar una pérdida económica para el Estado de más de 55 millones de bolivianos, calculó el vocal Tahuichi Tahuichi.
“Hasta el momento estamos ejecutando recursos por aproximadamente 55 millones de bolivianos. En el caso hipotético de que se paralicen estas elecciones se estaría generando un daño económico al Estado”, afirmó la autoridad a EL DEBER.
Esa es la cantidad de recursos que, hasta el momento gastó el TSE que está a cargo de administrar las elecciones judiciales, un proceso que es a nivel nacional, para el cual el Estado a través del Ministerio de Economía, erogó 183 millones de bolivianos.
Los riesgos anunciados hace dos semanas con la implícita intención de suspender las judiciales, ayer se concretaron con dos hechos simultáneos en tribunales departamentales de justicia de Beni y Pando.
Desde sus salas constitucionales ordenaron la “suspensión” del proceso eleccionario para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El hecho levantó la alerta nacional en el ámbito político y electoral desde donde se tejen varias hipótesis y se emiten denuncias contra los jueces departamentales y de que éstos generan un “golpe judicial” y un “golpe a la democracia”.
Hasta el momento, el TSE no dijo si va a cumplir la orden del vocal departamental de Beni, Charles Mejía, y devolver las listas de candidatos al TSJ y al TCP. Los vocales están en Sala Plena analizando la situación.
Dos postulantes inhabilitados al TSJ y el vocal Charles Mejía que también postuló al TCP y fue inhabilitado, asestan dos golpes al proceso de las judiciales. El TSE rechaza y denuncia un “golpe judicial” y un “golpe a la democracia”.