Maximiliano Dávila, quien fue el último jefe antidroga de Evo Morales, fue capturado por la Policía Boliviana el 22 de enero de 2022 cuando estaba por huir a Argentina; dos días después fue enviado a prisión bajo cargos de legitimación de ganancias, no por narcotráfico.
El 2 de febrero de ese año, Ned Price, un portavoz del Departamento de Estado leyó un comunicado con que anunció el pago de una recompensa de hasta $us 5 millones “por información que conduzca a la condena en una corte en Estados Unidos”.
La declaración del funcionario norteamericano tiene como base la acusación formal del Gran Jurado de Nueva York, el mismo tribunal que sustanció los cargos contra el narcotraficante mexicano Chapo Guzmán, exlíder del cartel de Sinaloa.
El méxicano fue condenado en 2019 a 30 años por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, mientras que el caso del exjefe policial boliviano radica en el Distrito Sur de esa jurisdicción tras la acusación emitida el 20 de septiembre de 2020.
Según el expediente de ese juzgado al que accedió EL DEBER, Dávila y sus cómplices fueron acusados por “confabular para importar de cocaína desde Estados Unidos y confabular para utilizar o portar ametralladoras durante y en relación con la confabulación para cometer un delito de narcotráfico, y de poseer ametralladoras para llevar a cabo dicha confabulación”.
“Como Director de la FELCN (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico), se cree que Dávila usó su posición para proteger aeronaves usadas para transportar cocaína a través de terceros países para su distribución en EEUU”, declaró Price hace dos años en Washington
El Departamento de Estado reveló entonces, sobre la base de una investigación sustanciada ante la Justicia estadounidense, que el exjefe policial pudo estar implicado en actividades de lavado de dinero. Dos años después, la Justicia boliviana autorizó su extradición a EEUU.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Marco Ernesto Jaimes Molina, tras anunciar la decisión de la Sala Plana de la entidad judicial, señaló que los delitos de narcotráfico que persigue Estados Unidos son distintos a los cargos instalados en el país.
“En el caso del delito por el cual se encuentra procesado y detenido Maximiliano Dávila Pérez en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (…) es por legitimación de ganancias ilícitas. Consecuentemente, se ha considerado que la posible pena a imponerse en el Estado boliviano carece de relevancia con relación a la posible pena a imponerse a EEUU”, afirmó.
Sobre la base de los requerimientos analizados por el TSJ, Jaimes dijo que Dávila arriesga penas de entre 20 años de prisión a cadena perpetua. El caso está siendo sustanciado en el gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York, el mismo que juzgó a Chapo Guzmán.
Cuando Dávila fue enviado de manera preventiva al penal de San Pedro de La Paz, la pugna en el MAS no era tan evidente. De hecho, varios políticos y analistas creen que en estos casos existe voluntad política de cooperar para viabilizar la extradición.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Gustavo Aliaga, quien además es un diplomático de carrera, afirmó que el procedimiento que sigue, sobre la base del Tratado de Extradición firmado por Estados Unidos y Bolivia en 1995, “ya no es tan complejo”.
“Se ha dicho mucho que Dávila puede implicar a Evo ante ese tribunal, pero por varios antecedentes, como el que se dio con René Sanabria (otro jefe antidroga extraditado), es posible que Dávila tenga algo realmente importante que declarar en Estados Unidos, pero sobre las organizaciones criminales internacionales”, apostilló.
De acuerdo con los reportes que la DEA aportó al proceso, Dávila pudo estar detrás de la logística y de un sistema de protección para que la droga llegue a México y a otros balnearios ubicados en el Caribe, desde donde se trafican estupefacientes con destino a EEUU.
En este caso también están bajo la lupa los hermanos Jheyson y Herland Montaño Fernández, que ya están en manos de la justicia estadounidense tras ser capturados en Perú. Ambos pudieron ofrecer pasta base para su refinamiento en Bolivia.
En octubre de 2019, un agente infiltrado de la DEA, se reunió con los hermanos Montaño, y les dijo que “la mercadería” era para República Dominicana. Ellos le contaron la ubicación de su laboratorio de cocaína y donde la producían.
En Bolivia, Dávila fue acusado luego de que no pudo acreditar el origen de los recursos con los que compró sus bienes. Ahora el juez cautelar que estuvo a cargo de esa causa, además del fiscal deberían ser notificados en las próximas horas antes de inicio del trámite diplomático.
Róger Mariaca envió una carta al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el que pide que tome en cuenta el análisis de la preponderancia de los delitos que el requerido, vale decir el exjefe antidroga de Evo Morales, habría infringido