¿Dónde están los responsables estatales de la tragedia? El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, apuntó a los ministros de Economía, Medio Ambiente y Salud (Marcelo Montenegro, Alan Lisperguer y María Renée Castro); además de 15 autoridades subnacionales; entre ellos, el gobernador Mario Aguilera, por “no haber atendido oportunamente” los incendios forestales que desde hace 90 días castigan, especialmente a Santa Cruz. Por ese motivo, presentó ayer una acción popular ante el Tribunal de Justicia de La Paz.

Mientras se cumplía ese actuado judicial, el presidente Luis Arce, en un acto público celebrado en la Casa Grande del Pueblo, anunció el traslado del gabinete ministerial a Santa Cruz para coordinar en directo todas las tareas contra el fuego. Todo esto en mérito a la declaratoria de emergencia nacional y sanitaria que declaró el pasado 7 de septiembre, uno de los días de mayor contaminación.

“Este problema va a demandar la atención exclusiva por parte del presidente, de nuestro vicepresidente, David Choquehuanca. Nos vamos a trasladar, el Gabinete en pleno, a la ciudad de Santa Cruz a encabezar los trabajos que tenemos que hacer para encarar el fuego”, dijo Arce desde la testera del hall del palacio gubernamental.

Poco después, durante la reunión ordinaria de su gabinete, aprobó un decreto para declarar “la pausa ambiental” indefinida para vetar por completo la quema de bosques y pastizales, prácticas que, bajo control, están autorizadas para el desarrollo del agro entre los meses de septiembre y noviembre. Además, envió al Legislativo un proyecto de ley con el que se incrementan a 12 años la pena de cárcel para las personas que resultaren culpables de estas quemas. De acuerdo con el Decreto Supremo 5225, “la pausa ambiental ecológica” es para todo el territorio nacional e implica anular y negar sin plazo las autorizaciones de quemas de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y declarar “no disponibles” por cinco años las tierras fiscales afectadas por quemas e incendios.

“El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno, a través de las instancias correspondientes, reforzarán el resguardo de áreas protegidas y reservas forestales a nivel nacional”, establece el artículo quinto del Decreto 5225.

Entre tanto, la demanda planteada por la Defensoría contra el Estado expone datos sobre incendios forestales que incluye información desde el 2019 y muestra cómo a lo largo de estos años, los focos de calor se han ido incrementando, concluyendo que, “la situación actual es altamente lesiva de derechos y ha desnudado al menos dos elementos: la falta de prevención y la falta de previsión y reacción efectiva frente a una situación como la presente”.

El documento puntualizó cinco aspectos sobre las que se exige acciones: la primera, respecto al derecho al medioambiente sano vinculado con la salubridad pública. “Ninguno de los niveles estatales ha obrado conforme manda la norma, esto en la medida en la que, si hubieran cumplido sus deberes en lo que respecta a prevenir, el escenario actual no sería así de desfavorable”.

Los otros factores señalan a los derechos de la Madre Tierra vinculados con biodiversidad y áreas protegidas, los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos en sus elementos de tierra, territorio y territorialidad; “además de la situación del pueblo indígena ayoreo en aislamiento que es voluntario”.

La ministra Castro aseguró, durante la presentación de la “pausa ambiental”, que la preocupación del Presidente con respecto a los incendios data de los últimos tres meses para sofocar los incendios.

Por su lado, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que desde hoy sesionará el gabinete en Santa Cruz. “Vamos a estar presentes donde están los incendios y la humareda, para tomar acciones”, puntualizo.

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