La Defensoría del Pueblo informó que el despido de María Guadalupe Montenegro Flores, quien trabajaba como profesional en la Delegación Defensorial de Santa Cruz, fue resultado de un proceso administrativo interno, que determinó su responsabilidad en “una falta gravísima”.
Según un comunicado oficial, la funcionaria habría intentado gestionar una conciliación entre un acusado de violación, su pareja y la madre de la víctima menor de edad, contraviniendo lo establecido por la Ley N° 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
El artículo 46 de dicha ley prohíbe la conciliación en casos de violencia que comprometan la integridad física o sexual de la víctima, considerando esta práctica ilegal, bajo cualquier circunstancia. La Defensoría explicó que el comportamiento de Montenegro vulneró los artículos 11 y 47 del Reglamento Interno de Personal de la institución, lo que derivó en su destitución, notificada formalmente el 15 de noviembre de 2024.
“La Defensoría del Pueblo basa su actuación en estricto cumplimiento de las normativas vigentes, asegurando el respeto al debido proceso y los derechos de todas las partes involucradas”, señaló la institución en su comunicado.
Por su parte, María Guadalupe Montenegro Flores calificó su despido de injusto y producto de una “trama con saña y premeditación”. En una carta dirigida al Defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya Aro, denunció discriminación y falta de empatía hacia su situación personal.
Montenegro destacó que es madre de una joven con parálisis cerebral y relató haber enfrentado condiciones laborales adversas, incluso trabajando horas extra para cumplir con sus responsabilidades.
“Traje a la oficina a mi niña para trabajar más tranquila y me quedaba toda la noche. Después de un ACV (Accidente Cardio Vascular) que sufrí, mi salud está deteriorada, pero seguí cumpliendo”, expresó en su misiva que EL DEBER divulgó hace una semana.
Los magistrados del Órgano Judicial optaron por extenderse en sus cargos más allá del mantado de seis años que otorga la Constitución. El ministro de Justicia aseguró que sus fallos son vinculantes, pero no habló del vencimiento de su mandato