A 14 días de iniciados los bloqueos de caminos por parte de sectores sociales evistas, la Defensoría del Pueblo expresó su "profunda preocupación por la grave afectación a los derechos humanos" de terceras personas, ajenas al conflicto.
Del mismo modo, la entidad reprochó la gestión
gubernamental ante la situación de conflictividad, toda vez que "las medidas de protesta son la expresión
de demandas ciudadanas no resueltas oportunamente".
Como institución nacional de derechos humanos, en el comunicado considera imperativo priorizar la vida
y salud de la población, y hace un llamado a los sectores movilizados a establecer puentes solidarios que permitan garantizar el libre tránsito de personas que requieran atención médica, así como el paso de medicamentos y equipos médicos esenciales que requieren los centros de salud y hospitales.
Asimismo, exhortó a permitir el paso de alimentos a las ciudades, para no vulnerar el derecho a la
alimentación.
En otro punto, la Defensoría exigió al Gobierno que en toda acción que asuma, se garantice el pleno respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos.
Además recordó el apego a estándares internacionales en materia de derechos humanos, referente a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, como lo establece la recomendación 21 del informe del GIEI-2019, en cuanto al uso de la fuerza publica.
"La intervención de las Fuerzas Armadas no deberia ser una opción para resolver esta crisis", puntualizó.
Además dejó claro que es fundamental anteponer a cualquier interés personal, el respeto a los derechos humanos de todos los bolivianos, priorizar el diálogo y la negociación como mecanismos para resolver pacificamente el conflicto, en busca de soluciones que satisfagan las demandas de todas las partes
involucradas.
Recordó la recomendación 22 del Informe GIEI-2019, que remarca: “Adoptar protocolos, normativas y cualquier regulación de actuación que ordenen priorizar la negociación entre autoridades civiles, actores y lideres sociales, en el marco de protestas”.
Por último, la Defensoría del Pueblo exhortó a los sectores y actores involucrados en la situación de conflictividad en el país, abstenerse de cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad física de cualquier persona, sean parte de los sectores movilizados, miembros de las fuerzas del orden, o ciudadanos ajenos al conflicto.
"Desde esta instancia defensorial reiteramos nuestro compromiso con la democracia y el estado de derecho,
y pedimos a las partes del conflicto dejar de actuar guiados por intereses personales y asumir la responsabilidad de desescalar la violencia y allanar el camino de soluciones que nos permita restablecer una convivencia pacifica.
Por su parte, los actores políticos y generadores de opinión deben evitar mayor confrontación, coadyuvando desde su voz a pacificar el país. La vida y la integridad fisica de todos los bolivianos deben ser consideradas como un valor supremo", remarcó.