A finales de octubre de 2019, cuando crecían las protestas ciudadanas por sospechas de fraude electoral en las elecciones presidenciales del 20 de ese mes, el gobierno de Evo Morales solicitó que expertos de la Organización de Estados Americanos hagan una auditoría integral a los comicios y se comprometió a que sus resultados serían aceptados y acatados por el Estado boliviano.
El canciller Diego Pary, presentó el acuerdo alcanzado por el Gobierno con la OEA ante los medios de comunicación y después recorrió varios canales para explicar el alcance.
El 3 de noviembre, cuatro días después del inicio del trabajo de los peritos enviados por la OEA y una semana antes de que se conozcan los resultados, Pary decía: “El documento menciona de manera muy precisa, en su sexto punto que los resultados de esta auditoria son vinculantes para ambas partes. Nosotros estamos aceptando que lo que vaya a decir la OEA nosotros lo vamos a aceptar como estado boliviano”.
Al explicarse, Pary afirmaba que no veía mejor mecanismo de verificación de esta elección que no sea a través de una auditoría donde participen expertos de diferentes países, no solamente de un país. “¿Qué es lo que pretendemos? Que la OEA a través de esta auditoría nos diga si hubo fraude o no hubo fraude en estas elecciones del 20 de octubre”.