El caso de trata de personas y estupro contra Evo Morales sigue abierto. El proceso comenzó en 2019 y atravesó por una serie de negligencias en las que no hubo actuados ni pesquisas. El líder cocalero ayer reapareció y dijo que no teme ser demandado. Mientras, el presidente Luis Arce pidió que el caso se declare en reserva y que Ministerio de Justicia ejecute una supervisión.
“El proceso continúa y no tengo facultades para decir que se ha cerrado; ahora si se actúa sin control jurisdiccional, yo no sé cómo lo irán a enderezarlo”, afirmó Lilian Moreno Cuéllar, quien es la jueza del Juzgado 14 de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres que aceptó la acción de libertad que frenó el mandamiento de aprehensión contra el expresidente Evo Morales.
En un contacto con EL DEBER, Moreno dijo que pidió permiso por dos días sin goce de haberes para proteger su integridad. Denunció que antes, durante y después de la audiencia recibió amenazas y que fue amedrentada. Además, la autoridad judicial dijo que se vulneró el principio del juez natural y que el caso fue presentado como si fuese en flagrancia cuando transcurrieron cinco años y ni si quiera se emitió una citación para Evo Morales.
En virtud a este argumento remitió el caso a Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, donde el expresidente tiene control de los influyentes sindicatos de cocaleros.
De hecho, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, protestó por esta decisión. “En lo particular, no como ministro de Gobierno, sino como un padre, siento un repudio y asco en contra de esas autoridades”, afirmó.
La Fiscalía de Tarija había emitido el martes la orden de aprehensión contra el expresidente. Uno de sus abogados, Carlos Romero, -quien fue su ministro- afirmó que había un desplazamiento de uniformados en el trópico cochabambino y que Evo estaba resguardado, aunque luego apareció en Cochabamba en una reunión de “rutina”.
El exmandatario fue acusado de haber embarazado a una adolescente que, a sus 16 años, dio a luz una bebé. La victima ahora está en la universidad y se hizo cargo de la supuesta hija de Evo Morales.
En este caso, la Fiscalía activó una investigación a raíz de la declaración de la adolescente que quedó embarazada. Es por eso que se abrió un proceso en 2019 por trata de personas y estupro contra Evo Morales; sin embargo, hubo escasos avances en la investigación y es por eso que quedó congelado.
Este proceso avanzó unos meses hasta la victoria electoral de Luis Arce. No había podido generar mayores actuados durante la gestión de Jeanine Áñez a pesar que el entonces viceministro de Transparencia Guido Melgar también fue parte del caso. Ahora esa denuncia contra Morales se reactivó el 26 de septiembre de 2024 en un contexto de pugnas internas en el MAS.
Esta última denuncia fue interpuesta por la ciudadana Melania Torrico, según Cecilia Urquieta, una de las abogadas del líder cocalero. El caso por delito de trata de personas, en su investigación preliminar, radicó en el Juzgado Quinto contra la Violencia de Tarija con el registro Nurej 601102012401698.8.
Un certificado de nacimiento de un hijo registrado como reconocido por Morales, se ofrece dentro de los indicios que la Fiscalía tarijeña presentó para aprehenderlo
“Existe un proceso abierto, es el análisis que realizamos, entre todo lo que sucedió ayer (miércoles) y hoy (jueves). Hoy les decimos es que el proceso está en curso, la investigación está en curso”, recalcó el ministro de Justicia, César Siles.
La autoridad explicó que, al tratarse de una investigación por trata y tráfico de personas, se conformó una comisión del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) para hacer seguimiento de las investigaciones. “En el momento de los hechos se involucra a una menor de edad de 15 a 16 años que fue abusada sexualmente; fue obligada por los padres para obtener favores específicos”, sostuvo.
En este sentido, el ministro indicó que se convocó para el 10 de octubre a una sesión extraordinaria del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas para asumir determinaciones integrales.
César Siles dijo que este caso puede llegar a tener una sanción de hasta 20 años de cárcel por la agravante de que la víctima era menor de edad en el momento del hecho. Insistió en que el Gobierno se sumará al proceso contra Evo.
Tras la reapertura de este polémico proceso de investigación, desde varios señalaron a Morales por los escándalos que ya protagonizo cuando circularon fotografías con una menor identificada como ‘Noemí’. Este caso, como la denuncia de 2019, tampoco prosperó en su tiempo. Si bien las denuncias se aceptaron durante el gobierno de Áñez, cuando Arce retomó el poder estos casos quedaron en la nevera.
Ayer también saltó la huella de Gabriela Zapata, quien fue pareja de Morales cuando ella era parte de las juventudes del MAS. Algo similar a lo sucedido en Tarija, donde se conformaron los colectivos que llegaron a denominarse ‘Generación Evo’ para procesos electorales.
Lo de Zapata fue mayor y derivó en un juicio que se prolongó por ocho años. En el desarrollo de ese litigio, Morales no fue convocado.
Tras dictar la orden de aprehensión, Sandra Gutiérrez fue despedida del cargo de fiscal de Tarija por instrucción del fiscal general, Juan Lanchipa. “Llego a la Fiscalía de Tarija, no me dejaron entrar y me entregan la resolución. Me dijeron que el doctor Juan Lanchipa me llamaría para pedirme mi renuncia”.
Lanchipa negó que haya paralizado la orden de aprehensión y ratificó que el caso sigue abierto. Esa declaración fue pronunciada durante una declaración para la prensa en la que no aceptó preguntas. Eso sí, esa aparición no redujo las críticas ni las dudas de su actuación. “¿Por qué se congeló el caso?”
De todas maneras, el próximo 23 de octubre, Lanchipa terminará su mandato de seis años con un informe ante la Asamblea Legislativa.
Ahora bien, si Lanchipa cuestionó a la fiscal Gutiérrez por las supuestas falencias en la emisión del requerimiento de aprehensión, el ministro Del Castillo la aplaudió “¿Qué condiciones tienen las víctimas de violación si tenemos esta clase de administradores de la justicia? ¿Dónde está el Consejo de la Magistratura para determinar cómo se sorteó casualmente hacia esa juez (de Santa Cruz) que ingresó ayer (el miércoles) a las 08:10 y antes del mediodía ya se estaba señalando una audiencia para resolver la acción de libertad a las 16:00?”, cuestionó el ministro Del Castillo.
Sobre el tema, la senadora Andrea Barrientos, de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), consideró que es un nuevo “show montado” del Movimiento Al Socialismo (MAS) el escándalo que generó la orden de aprehensión no ejecutada en contra de Morales.
“El MAS sigue montando shows cada mes, pero nadie se cree su circo. ¿Realmente piensan que Evo Morales va a ir preso? ¡Basta de distracciones baratas! Den soluciones reales a los problemas y justicia a quienes sufren de verdad”, afirmó.
El expresidente Carlos Mesa cuestionó, además, a la justicia que activa y desactiva estos procesos a merced del viento político.
La Fiscalía de Tarija emitió una orden de aprehensión en contra de Evo Morales, pero esa medida, finalmente, no fue ejecutada porque ese mismo día se dejó sin efecto tras la presentación de una acción de libertad en Santa Cruz.
La denuncia contra Morales por la supuesta comisión de los delitos de trata de personas y estupro agravado, cuya víctima es una adolescente de 16 años, incluye a los padres de ésta.
“Llevé la audiencia virtual desde un lugar clandestino, recibí amenazas, amedrentamiento; no voy avalar un trabajo mal hecho. El caso llegó a mis manos, yo sabía que iba a estallar una bomba”, declaró la jueza al diario EL DEBER