El Gobierno del presidente Luis Arce se encuentra cercado por tres frentes de conflicto: el primero social: por sectores que anuncian bloqueos; político por su falta de gobernabilidad en el Órgano Legislativo donde es minoría, y un escenario prelectoral que dividió en dos el partido gobernante lo que a su vez genera tensiones e incertidumbre.
El común denominador de este escenario de conflictos es la “crisis económica” que identifican los sectores movilizados, la oposición, evistas y admite el Gobierno nacional, con la escasez de combustible, la ausencia de dólares y el incremento en el costo de vida.
Pero el Gobierno engloba todo este escenario de conflictos bajo una sola premisa: un intento de “golpe de Estado”, con todas sus variables, desde “golpes blandos”, “golpe legislativo” hasta “desestabilización” para un presunto intento de “acortamiento de mandato” de Arce.
Mientras, desde la perspectiva de un analista, estos tres frentes de conflicto están relacionados estrechamente entre sí, y son el resultado directo de la forma de gobernar por más de 14 años del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido gobernante, que junto al escenario de conflictos sociales, enfrenta su peor crisis.
La presencia de 109 senadores y diputados, entre ellos al menos unos cinco renovadores del MAS, que asistieron a la sesión del 6 de junio, que convocó el presidente del Senado Andrónico Rodríguez, cuando ejerció la presidencia de la Asamblea Legislativa, ratificó que el bloque arcista es minoría en el Parlamento, lo que le impide imponer su agenda y la aprobación sobre todo de créditos internacionales.
“Por supuesto que somos minoría”, admitió el diputado arcista, Juan Jáuregui, a tiempo de afirmar que en el Legislativo se consolidó el “pacto” entre evistas y las fuerzas de la oposición, tras la sesión que sancionó la ley “anti prórroga” contra los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.
La gran coincidencia, entre evistas y opositores de Comunidad Ciudadana y Creemos, que hizo tambalear al arcismo desde el Legislativo, es que impulsaron la sanción de la ley “anti prórroga”, y al inicio de la sesión de ayer de Diputados, los tres frentes hicieron coro para exigir a Israel Huaytari, presidente de esa instancia, que pida al presidente Arce que promulgue la ley “antiprórroga”.
“Le voy a pedir de la forma más respetuosa pero más clara que usted dé la cara y dé la talla como presidente de nuestra Cámara para exigirle al presidente Luis Arce que promulgue la Ley 075”, pidió el diputado Enrique Urquidi (CC) a Huaytari.
Si bien el arcismo que es minoría en el Legislativo, se ve acorralado en las sesiones, aún se sostiene en sus organizaciones sociales del Pacto de Unidad, como los cooperativistas mineros, campesinos o la gente de Yapacaní que tomó un pozo gasífero para que le aprueben un crédito internacional y que ayer llegó hasta La Paz para vigilar que los diputados aprueben ese financiamiento.
El frente social que se presenta como el más conflictivo para el país es liderado por dos sectores: los transportistas y gremialistas que desde mayo se declararon en estado de emergencia, realizando esporádicos bloqueos y movilizaciones de protesta, como una antesala a un conflicto de grandes dimensiones a partir del lunes 17 de junio, si es que el Gobierno de Arce no los atiende.
La escasez de diésel y de dólares, además de la abrogación del Decreto Supremo 4732, son las principales demandas de estos sectores.
“Los transportistas que nos hemos movilizado a nivel nacional, que hemos asistido al ampliado en Oruro, vamos a ir a movilizaciones a partir del 17 de junio. Estamos esperando una carta de invitación del señor presidente, Luis Arce Catacora”, afirmó ayer el presidente de la Ilustre Confederación de Transporte Pesado Nacional e Internacional de Bolivia, Hugo Ramos.
El otro grupo, que aglutina a sectores gremiales e importadores que realiza una marcha desde Patacamaya, pese a las temperaturas bajo cero, aseguró que si el Gobierno no abroga el Decreto 4732, el lunes 17, en coordinación con los transportistas, paralizarán el país con protestas y bloqueos.
No obstante, no todos los gremiales están en esta protesta. El sector que dirige el dirigente alteño Toño Siñani, aseguró que los que dirigen esta protesta son evistas y por lo tanto, la marcha “es política”.
El tercer frente de conflicto que enfrenta el Gobierno es en el ámbito preelectoral donde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está en medio de evistas y arcistas que están detrás de tener la sigla del MAS para garantizar su candidatura a la Presidencia.
Mientras, desde Chapare, ratifican que Evo Morales es el único candidato a la Presidencia, por el MAS, funcionarios de Gobierno, como el ministro de Justicia, Iván Lima y el procurador, César Siles, echan por tierra esa posibilidad aduciendo que Morales no está habilitado para postularse.
Según el equipo jurídico de Morales, el TSE busca “proscribir” la sigla del MAS, que está en poder de los evistas, rechazando todos los recursos de revisión para evitar ser amonestados y que el vocal Gustavo Ávila está realizando todo tipo de “chicanerías” para “legalizar” la directiva elegida en el congreso de El Alto.
Después de más de 13 horas, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto carretero Norte Integrado – Yapacaní la madrugada de este viernes. Se espera que con la aprobación del proyecto, en las próximas horas, se levante el bloqueo en le ruta Santa Cruz - Cochabamba.