La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene en agenda y afina un proyecto de ley que apunta a proteger a dirigentes y miembros de movimientos sociales que impulsaron los bloqueos de carreteras en todo el país. Aducen que se busca dar garantías al derecho legítimo de manifestarse.
"Vamos a realizar un proyecto de ley que no tiene que violar la Constitución Política del Estado ni tampoco las leyes. Va a proteger a los dirigentes que en su legítimo derecho están pidiendo equipos de bioseguridad, están pidiendo libertad de expresión y democracia", señaló el diputado masista Édgar Montaño, en conferencia de prensa.
El legislador sostuvo que dirigentes de organizaciones sociales afines al MAS, incluido el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, son objeto de persecución e incluso son encarcelados. Por eso el motivo de proteger "sus derechos constitucionales".
La postura del masismo desafía a lo expuesto por el viceministro de Régimen Interior, quien manifestó que el Gobierno actuará conforme a ley contra las personas que atentaron contra la vida y el bienestar de los bolivianos, bloqueando en plena emergencia sanitaria por el Covid-19.
Hasta la fecha, hay 23 personas aprehendidas, según Issa, a quienes se investiga por sedición, alzamiento armado y terrorismo. Cinco de ellas serían responsables de pagar a los vecinos para que bloqueen las rutas y realicen destrozos, de acuerdo a lo señalado por el viceministro.
La autoridad dijo que "muchas más personas" serán convocadas a declarar por el Ministerio Público mientras se realizan las pesquisas, por lo que considera que habrá más detenidos.
Además, no se descarta que los familiares de personas fallecidas por falta de oxígeno en hospitales también inicien procesos contra los bloqueadores que impidieron el paso de carros cisternas con oxígeno. Issa enfatizó que los responsables deben responder a los hechos en materia civil y penal.
Los bloqueos convocados en rechazo a la postergación de las elecciones generales dejaron un saldo de, al menos, 40 fallecidos por falta de oxígeno medicinal en diferentes hospitales del país, así como pérdidas en materia económica con un saldo negativo que ronda los $us 20 millones diarios, según las autoridades.
El diputado de Unidad Democrata (UD), Luis Felipe Dorado, expresó su disconformidad ante este proyecto de ley y apuntó que la iniciativa solo busca salvar a los dirigentes de la COB y a todos los que estuvieron participando en el bloqueo de los caminos.
"Los masistas están queriendo salvarse con una ley para tener impunidad por todas las muertes que han ocasionado y el cierre de las empresas que provocaron sus bloqueos. Está claro que el MAS apunta a proteger a toda esa gente que ha cometido delitos", manifestó Dorado.
Mientras tanto, el exdirigente campesino Joel Guarachi reconoció que hay temor por las represalias y recordó que las manifestaciones "son legítimas".
Señala que también hay preocupación por supuestas amenazas recibidas por personas ligadas al Comité pro Santa Cruz y, por tanto, demandan transparencia en las investigaciones tanto a la Policía como a la Fiscalía.