El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha determinado cumplir las órdenes de dos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y proseguir con las elecciones judiciales para el 15 de diciembre, pero de forma parcial. Se suspende así este proceso para el TCP y el TSJ en cinco departamentos. Por lo que se prevé que los altos tribunos de esas regiones se quedarán en sus cargos por lo menos hasta 2027.

“La Sala Plena del TSE ha decidido continuar con la Elección Judicial en el marco de lo que establece el citado auto”, se lee en un comunicado emitido por el ente colegiado que hace referencia al auto constitucional 084/2024 del TCP que ratifica la sentencia 0770/2024 que declara desierta la convocatoria para magistrados del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.

En ese marco, los vocales han emitido el Auto del TSE-RSP N° 20/2024, en el que se resuelve: “Proseguir con la organización y administración de las Elecciones Judiciales fijadas para el 15 de diciembre de 2024”, para el Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz y para el TCP en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.

En ese escenario, distintas voces de políticos y expertos en Derecho, alertan que los magistrados: René Yván Espada Navía (Pando), Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano (Beni), quienes emitieron la sentencia contra las judiciales, además de sus colegas Isidora Jiménez Castro (Santa Cruz), Karem Lorena Gallardo Sejas (Cochabamba) y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo (Tarija), continuarán su prórroga (empernados) por al menos hasta 2027 dado que en 2025 se deben realizar las elecciones generales y en 2026 las subnacionales.

Continuidad causa alarma

El abogado constitucionalista Williams Bascopé Laruta calificó como “nefasto” el accionar de los magistrados del TCP, apuntó que no existe un referente legal y constitucional que le permita suspenda una elección nacional de forma parcial o total y que este hecho causa una “inseguridad jurídica total” en el país.

“En el TCP se van a realizar las elecciones en Chuquisaca, Oruro, Potosí y La Paz, y se suspende en los otros cinco departamentos. Los que se eligieron tendrían que entrar inmediatamente en el ejercicio de sus funciones, ¿y los que faltan?, ¿Cuándo se va a convocar?, ¿Cuándo se posesionen los nuevos se van a fusionar con los prorrogados que se están quedando?, eso es algo incoherente”, observó Bascopé Laruta en contacto con EL DEBER.

Como el próximo año se tienen que realizar las elecciones generales, el jurista prevé que los políticos van a decir que se prioricen las generales porque no se pueden hacer dos elecciones nacionales en un mismo año, y pasaría lo mismo en 2026 con las elecciones para alcaldes y gobernadores.

“Ahí viene el beneficio de autoprorrogarse de estos magistrados. Ésa es una posibilidad, o lo otro que incluso puede ser más nefasto es que digan: ‘hagamos las judiciales al año, ya lanzamos las elecciones generales para 2026’. Es decir, el presidente Luis Arce Catacora se prorroga un año. Se está tejiendo algo muy perverso”, manifestó.

De su lado, el senador de Creemos Henry Montero, ve que esto responde a una estrategia bien armada porque esta suspensión parcial “beneficia” a cinco de los nueve departamentos y que con esos “cinco auto prorrogados que se quedarían serían mayoría en Sala Plena”.

“Qué ‘raro’ que los dos que firman (la sentencia) son los primeros que van a beneficiarse porque son de los departamentos donde no se realizarían las elecciones, es decir son auto prorrogados de forma indefinida”, afirmó Montero.

La alerta de una “autoprórroga indefinida” de los magistrados del TCP o que su permanencia más allá d lo que manda la Constitución Política, dure varios años más, llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia donde la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia de Bolivia, denunció que el TCP obliga al TSE a suspender las elecciones judiciales en al menos cinco departamentos.

“Hemos dejado en evidencia que son los propios magistrados auto prorrogados los que han decidido con esta medida mantenerse en el poder hasta más allá de 2026”, afirmó a este medio Rubén Darío Cuéllar, director del Observatorio. El jurista presume que “los auto prorrogados ilegales se quedarían hasta el 2030”.

El vocal del TSE Tahuichi Tahuichi afirmó que existe un vacío sobre la situación de las magistraturas del TCP y TSJ de los departamentos donde no habrá elecciones.

“Hay un vacío. Todo esto que está pasando nos hace pensar que los magistrados en esos cinco departamentos se quedarían y no hay una fecha exacta que aclare cuándo se pueden realizar las elecciones, por lo tanto, estos cinco magistrados continuarán en el cargo”, dijo Tahuichi.

Dejan solo al TSE

El TSE lamentó que a pesar del apoyo de los partidos políticos y los órganos Ejecutivo y Legislativo que días antes junto a los vocales rechazaron la sentencia del TCP, las autoridades los hayan dejado “prácticamente solos” ante las instrucciones de cómo realizar las elecciones y las advertencias con multas y procesos penales, si desobedecen.

El TSE lamentó que a pesar del apoyo de los partidos políticos y los órganos Ejecutivo y Legislativo que días antes junto a los vocales rechazaron la sentencia del TCP, las autoridades los hayan dejado “prácticamente solos” ante las instrucciones de cómo realizar las elecciones y las advertencias con multas y procesos penales, si desobedecen.

En el comunicado del TSE, la entidad observa que la Asamblea Legislativa no cumplió dos compromisos asumidos ante los vocales:

“No se ha emitido de manera inmediata un pronunciamiento que rechace la sentencia constitucional 0770/2024, expuesta por los magistrados que están cuestionados, ni se ha aprobado una ley que proteja a las autoridades electorales de ser procesadas penalmente por sus acciones en el ejercicio de sus funciones electorales, por el contrario, algunos han manifestado que se debe cumplir ese fallo”.

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, reprochó la actitud de los asambleístas que han ignorado por tres años consecutivos: 2022. 2023 y 2024, el proyecto de ley que ha presentado para incluir a los vocales del TSE a la Ley 044 de juzgamiento de altas autoridades mediante juicios de responsabilidades.

“Somos altas autoridades”, subrayó Tahuichi y aseguró que como no están considerados en esta norma, las otras entidades estatales y políticos “quieren manejarlos como títeres, como marionetas, quieren que bailemos al ritmo de ellos”, dijo la autoridad.

¿Y los otros amparos?

El ministro de Justicia, César Siles daba cuenta que el TCP resolvió apenas tres de 53 amparos constitucionales que llegaron hasta esta instancia en contra de las elecciones judiciales y del proceso de selección.

“Hubo muchas acciones que se han presentado (…) Yo tengo 53 acciones de defensa registradas a nivel nacional de las cuales solamente tres, con la sentencia 0770 se habrían resuelto en revisión, todas las demás están todavía en revisión”, decía Siles en la reunión que convocó el TSE el pasado 11 de noviembre.

La autoridad anotó que aún los magistrados del TCP no emitieron un fallo sobre el amparo constitucional que se emitió desde la Sala constitucional tercera de El Alto, ordenó al TSE continuar con el desarrollo de las elecciones judiciales cumpliendo el principio de preclusión que dicta la Ley 026 de Régimen Electoral.

Con todo, en el auto del TSE que resuelve proseguir con las judiciales parciales, instruyó a todas las instancias del Órgano Electoral adecuar el proceso judicial en todos los departamentos.

Rechazo de CC
El líder de Comunidad Ciudadana y expresidente Carlos Mesa rechazó la decisión del TSE de realizar una elección dividida, incompleta y distorsionada ya que eso es “someter su mandato constitucional a la voluntad y los planes políticos del Gobierno y de los miembros auto-porrogados del TCP”.

Amenaza de proceso
Legisladores evistas del MAS advirtieron con procesar penalmente a los vocales del Tribunal Supremo si éstos no cumplen el principio de preclusión que establece la Ley 026 de Régimen Electoral.

Lea también