Las cuatro preguntas que el presidente Luis Arce remitió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el referéndum proyectado para el 1 de diciembre, el día en el que se celebrarán las elecciones judiciales, han provocado reacciones de rechazo y una campaña sostenida del Gobierno que reivindica el derecho ciudadano para decidir.
Expresidentes y un especialista en derecho constitucional cuestionaron la iniciativa; incluso la calificaron de “inconstitucional” porque prevé ajustes a la Carta Magna sin la aquiescencia de la Asamblea Legislativa, además ven que la consulta se hace efectiva en el último año de mandato en tiempo electoral.
¿Y la Justicia?
La propuesta “abre interrogantes inexcusables sobre otros y más importantes asuntos que los bolivianos también debemos decidir, por ejemplo, el hecho de seguir eligiendo magistrados por voto popular y un ajuste a los alcances del control judicial de la Constitución, a través del Tribunal Constitucional (TCP), señaló el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006).
El exmandatario también hace notar que existen temas pendientes como el “pacto fiscal, cumplimiento del régimen de recursos naturales estratégicos y servicio militar, entre otros”, que forman parte de la Constitución vigentes desde 2009.
Para Rodríguez Veltzé, “las preguntas enviadas al TSE que modificarán la Constitución deben previamente aprobarse por dos tercios de la Asamblea Legislativa y aquellas referidas al subsidio de carburantes resulta inviable por tratarse de una competencia del nivel central del gobierno al que le resta sólo un año de gestión”.
“Por la unidad y futuro del país es indispensable un acuerdo político y ciudadano de ajustes estructurales, no solo de coyuntura”, remarcó la autoridad.
Las preguntas
La primera pregunta planteadas por Arce le consulta al ciudadano que se pronuncie sobre la reelección presidencial “continúa”, la segunda y la tercera pide el aval para anular la subvención a los hidrocarburos afectada por “el contrabando, mientras que la última interrogante habla de subir la cantidad de diputados (130) en función del censo.
“Este referéndum posterga por cinco años la aplicación de los resultados del censo, desconoce la decisión del 21F y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se niega a cumplir, con la urgencia debida, la responsabilidad que le corresponde al Presidente de enfrentar la falta de dólares, el contrabando y el desabastecimiento de carburantes”, cuestionó el expresidente Carlos Mesa (2003-2005).
Análisis
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe analizar hasta este lunes el contenido de las preguntas para ver si cumplen con los principios de “precisión, imparcialidad y claridad”, previstos en la Ley de Régimen Electoral.
El constitucionalista Israel Quino, quien además es asesor legal del Senado, consideró que varias de las preguntas no tienen la precisión necesaria y consideró que existen riesgos sobre vulneraciones a la Constitución.
Primera pregunta
Quino señala plantea una posible reelección continua del presidente y vicepresidente, tema ya abordado en referéndums anteriores (2009 y 2016). Resalta que ya se ha decidido sobre esta cuestión y que es una “cosa juzgada constitucional”.
La posible inserción de la palabra “discontinua” en la CPE constituiría una modificación parcial de la misma. Ese cambio solo podría realizarse mediante una ley aprobada por dos tercios o por una iniciativa ciudadana respaldada por el 20% del electorado.
Según Quino, la consulta puede tener efectos jurídicos como “obligar a la Asamblea Legislativa a sancionar una ley de reforma parcial” o la modificación de la Carta Fundamental “vía decreto”, así como la posible consecuencia política de inhabilitar a adversarios.
“Lo que está planteando la pregunta (sobre la reelección) es una hipótesis que, de ser respondida positivamente, dará lugar a un procedimiento de reforma constitucional, claramente la decisión política que va asumir el pueblo boliviano con respecto a la reelección tiene una naturaleza política, no constitucional”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima.
En 2016, se hizo un referéndum para modificar el Artículo 168 de la CPE, permitiendo una reelección continua del presidente y vicepresidente por dos periodos. La propuesta fue rechazada y es “cosa juzgada” que no debería volver a una consulta, insistió Quino.
Quino observó que ambas preguntas carecen de imparcialidad y están relacionadas con los hidrocarburos, un sector que según la CPE y la Ley de Régimen Electoral no puede ser sometido a referéndum. Las competencias en hidrocarburos son privativas del nivel central del Estado y cualquier consulta al respecto violaría la normativa vigente.
Quino argumenta que esta redistribución ya está prevista en la Constitución y la ley, por lo que no es necesario modificar la CPE cada vez que se realice un censo. El núcleo de la modificación propuesta sería aumentar el número de diputados, lo que podría ser innecesario y problemático desde un punto de vista constitucional.
Lima recordó que las respuestas en el referéndum son de “carácter vinculante”, en apego al artículo 15 de la Ley 026 de Régimen Electoral. “Las decisiones que se adoptan mediante referéndum tienen vigencia obligatoria”, enfatizó.
“Un procedimiento de reforma constitucional requiere la aprobación de la Asamblea por dos tercios o la firma del 20% de ciudadanos, esas son las posibilidades, lo que estamos haciendo es una consulta política”, recalcó el ministro.
“El señor Óscar Hassenteufel (presidente del Tribunal Supremo Electoral) tiene que hacer cumplir la Constitución, y quien no cumple la Constitución, hay un delito que se llama resoluciones contrarias a la Constitución Política y a las leyes, pasible a una pena”, apuntó el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach.
“Se imaginan al doctor Víctor Paz preguntando, antes de aplicar el 21060, preguntaremos si el país quiere hiperinflación o quiere cambio”, cuestionó por su lado el alcalde de La Paz, Iván Arias.