En una sola semana, después de que el ministro de Justicia, Iván Lima, anunciara que procesará al expresidente Evo Morales por difamación ocurrieron la detención del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani; el cierre del mercado paralelo de la coca, dirigido por Arnold Alanez, la detención del diputado potosino Hilarión Mamani y el diputado Renán Cabezas denunció persecución a su hijo. Todos los afectados tienen algo en común: Forman parte del ala ‘evista’ del MAS.

La división en el oficialismo tiene estas aristas. Los ‘afectados’ denuncian persecución judicial y un “ajuste de cuentas”, por parte del sector ‘arcista’, liderado por el presidente Luis Arce. El ministro Iván Lima responde que éstos (ajustes de cuentas) se producen sólo “entre delincuentes” y, según él, aquí no hay “nada más lejano a la realidad”.

Desde el banco contrario, la exsenadora Adriana Salvatierra asegura que el Gobierno utiliza mal su poder, específicamente en el caso de Evo Morales, sin “meter las manos al fuego” por nadie más. En la misma línea el exministro Carlos Romero advierte que con estas acciones el Gobierno busca ocultar sus fracasos en la lucha contra el narcotráfico y menciona como ejemplo el caso del uruguayo Sebastián Marset, considerado un ‘pez gordo’ del tráfico ilegal de drogas que vivía tranquilamente en Bolivia a pesar de que está buscado por la Interpol, la Europol y la DEA.

Sin muchas vueltas, la diputada Gladys Quispe denuncia que comenzó una “cacería” contra quienes son afines a Evo Morales. “Si (el Gobierno de Luis Arce) monta una persecución que vaya construyendo más cárceles, porque detrás de Evo hay una masa grande”, advirtió la legisladora.

Ella misma denunció que al dirigente cocalero de Yungas, Arnold Alanez le bajaron el pulgar, lo metieron preso y cerraron el mercado (ilegal) de coca porque tuvo encuentros con Morales. Alanez contó con el apoyo del Gobierno, desde octubre de 2021, en la pugna por el mercado de la coca que sostuvo con otro sector de cocaleros de Yungas. Esta semana estuvo detenido en la cárcel de San Pedro.

En respuesta, el ministro Lima señaló que si el dirigente cocalero estuvo detenido, fue porque incumplió con el pago de asistencia familiar por más de Bs 11.000.

Igualmente, en la semana hubo una detención del diputado potosino Hilarión Mamani por conducción peligrosa que él calificó como persecución. Mientras, su colega alteño Renán Cabezas (MAS) denunció que el Ministerio Público citó a declarar a su hijo porque supuestamente pretendió ayudar a fugar a un narcotraficante peruano. Es investigado por los delitos de uso de instrumento falsificado y favorecimiento de evasión. Cabezas negó la acusación.

Pero el diputado ‘evista’ del MAS Gualberto Arispe dijo que el Gobierno “tuvo una reunión de gabinete y allí decidieron iniciar este ajuste de cuentas contra los que apoyamos incondicionalmente a Evo Morales”.

Iván Lima fue categórico al responder: “Emplazo a Gualberto Arispe a que revele quién le dijo eso, porque realmente ya es el colmo. Las personas que ejercen política deben actuar con la verdad y con ética. Cuando lo haga podremos tener un debate con él, una vez más utilizan la mentira para hacer política, es absolutamente falso”, apuntó.

El ministro provocó un debate en el MAS al anunciar un juicio contra Morales por difamación. El expresidente afirmó que el bufete familiar de Lima es parte acusadora en millonarios juicios contra el Estado. Luego, el ‘evismo’ denunció que el Gobierno quiere quitar del camino electoral a Morales.

Adriana Salvatierra lamenta que “el poder siempre tiene la tentación de ser ejercido, pero hay dos caminos: Utilizarlo al servicio de la gente o, como hace Iván Lima, utilizar su responsabilidad pública para dirimir sus temas personales, específicamente contra Evo y eso es abuso y no estoy de acuerdo. Al gobierno de Luis (Arce) no le hace bien esta discusión que su ministro ha intentado generar por la vía legal y no política. La judicialización de la política es nociva”.

El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, preso desde el viernes en San Pedro, acusado de conformar una asociación con ciudadanos paquistaníes y bolivianos para importar ilegalmente más de 87 vehículos es visto por los “evistas” como otro ajustes de cuentas. Según el diputado Arispe, el hecho se conocía desde hace más de un año, pero “ahora Lima y el Gobierno se acuerdan de procesar a este compañero por ser ‘evista’”.

Lima advirtió que el caso de Mamani y de otros se indagan hace bastante tiempo, “de hecho, desde hace más de año y medio”.

El ministro mencionó que la semana pasada se produjo una situación irregular en Potosí por el de sobreseimiento del gobernador por la adquisición irregular de 41 ambulancias. “No hay persecución indebida. Un Estado de derecho establece que quien incumple la ley debe rendir cuentas ante la justicia. Los fascismos de derecha y los radicalismos de la izquierda no creen en la ley y quien decide un proceso es el rey, el jerarca o el jefe de determinada institución. Eso no ocurre con nuestro Gobierno”, señaló Lima.

El presidente de la Academia de Ciencias Criminológicas de Bolivia, Alejandro Colanzi, analizó en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, que la única oposición que tiene el Gobierno es azul, es Evo. En Potosí el gobernador no es ‘arcista’. Lo liberan del perverso crimen de sobreprecio de ambulancias en Potosí, ¿y por qué lo detienen en La Paz?, porque la manipulación de la justicia está cuoteada. En la sede de Gobierno donde el fiscal es ‘arcista’ y ‘limista’ lo detienen y encarcelan por contrabando de vehículos. Agarran a uno, ¿por qué no a la estructura que permite el ingreso de motorizados a cambio de droga”.

Colanzi dijo que la lucha es por el poder y no por motivos ideológicos. Mencionó que el día antes de que apresaran a Mamani, el MAS se unió en la Asamblea Legislativa para aprobar un crédito de más de $us 500 millones.

El exministro Carlos Romero apuntó que “hay un ajuste de cuentas”, pero de un gobierno fuertemente golpeado por los casos de seguridad. “Hemos denunciado, advertimos sobre los narcoaudios; nunca se indagó hasta que llegamos a escándalos de dimensión mundial como los que vimos estos días, una persona vinculada al narcotráfico se burla del aparato del Estado, amenaza al ministro de Gobierno y lo trata con improperios”.

Aseguró que el gobierno de Arce está absolutamente descalificado y sin autoridad moral. “Casi ningún país coordina acciones con relación a la lucha contra el crimen, porque la mayoría llegó a la conclusión de que el Gobierno está involucrado con el narcotráfico. A esto se suma que en el litio no hay nada concreto, preparan un show. La economía tiene varios problemas. Un Poder Ejecutivo que con el riesgo de quedarse sin base social recurre a la persecución. En pocos días desarrolló varias acciones. Es un Estado mafioso, por eso utiliza la violencia estatal y la guerra sucia. Negocia su impunidad con la oposición o comprando dirigentes corruptos”, aseveró.

Lima no entró en detalles del tema Marset, pero respondió a Romero con la afirmación de que la “agenda la determinan los medios de comunicación y la opinión pública. Muchas veces se habla de temas que no son trascendentes para la democracia y la realidad boliviana”.

Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón consideró que “el Titanic del MAS se está hundiendo, con sus dos alas, evistas y arcistas, por los gravísimos problemas que le preocupan de verdad a la gente y no la pelea entre ellos. La economía se va al tacho. La canasta familiar se ha encarecido, Bolivia ya no tiene gas para vender a Argentina, las mafias del narcotráfico internacional que operan en Bolivia. Entonces, tanto Morales como Arce son responsables de este desastre”.

El ministro Lima dice que no se muestran datos objetivos. “Somos el país que tiene la inflación más baja en la región. Eso no lo ven los opositores”, concluyó.

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