Las normas vigentes que autorizan y alientan la destrucción de bosques, flora y fauna, mediante una “quema controlada” para ampliar la frontera agrícola y “garantizar la soberanía alimentaria”, fueron aprobadas por el expresidente Evo Morales a lo largo de sus 14 años de gobierno (2006-2019). Son al menos ocho leyes que protegen esta actividad.
Ahora, en medio de la crisis medioambiental que sufre Bolivia con la quema de casi cuatro millones de hectáreas en al menos cuatro departamentos, y la muerte de miles de animales en los últimos tres meses, el Senado aprobó dos proyectos de ley que abrogan dos leyes del “combo incendiario”, y depende de Diputados sancionar estas leyes.
El paquete de “leyes incendiarias” aprobadas en la gestión de Morales, comprende unos tres grupos donde están:
La Ley 741 del 29 de septiembre de 2015 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas de tierras verdes en propiedades pequeñas y tierras comunitarias en proceso de saneamiento o tituladas con asentamientos donde se realizan actividades agrícolas y pecuarias.
La Ley 740 del 30 de septiembre de 2015, que establece el plazo excepcional de cinco años en la verificación de la Función Económica Social de estas tierras dotadas a los campesinos.
El otro grupo está comprendido por cuatro leyes conocidas como el paquete del “perdonazo”, aprobadas entre 2013 hasta 2017 ampliando los plazos para legalizar los predios que hayan hecho desmontes por medio de incendios sin autorización.
Entre ellas están la Ley 337 del 11 de enero de 2013 que establece un régimen excepcional para el tratamiento de predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011, cuyos beneficiarios se acojan al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.
La Ley 502 del 26 de febrero de 2014, de ampliación del plazo de modificación a la Ley 337; la Ley 739 del 30 de septiembre de 2015, que amplía los plazos relativos a la suscripción al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, establecido mediante Ley 337, y la Ley 952 del 23 de mayo de 2017 que establece el plazo de registro al Programa de producción de Alimentos y Restitución de Bosques para las propiedades señaladas en las leyes 337, 502 y 739.
En el tercer grupo está la Ley 1171 del 25 de abril de 2019, sobre el “uso y manejo racional de quemas”, que establece los lineamientos de la política de “manejo integral del fuego en el territorio nacional”.
Es decir, otorga a la persona que quema la capacidad “racional” de controlar el fuego, mediante “el buen uso y manejo integral de fuego a través de la quema planificada y controlada”.
Bajo el amparo de esta ley, la Asamblea Legislativa Departamental de Beni en 2019, en la gestión de Alex Ferrier, aprobó el Plan de Usos de Suelos, que busca “promover el buen uso y manejo integral de fuego a través de la quema planificada”.
La Ley 1098 del 17 de septiembre de 2018 que promueve la ampliación de “cultivos destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal”, es decir la producción de “biodiesel” y etanol anhidro. En esta ley también se “establecen los mecanismos de control de deforestación”.
Con la aprobación en el Senado de dos proyectos de ley que abrogan las leyes 337 del “perdonazo” y la 1171 sobre el “uso y manejo racional de quemas”, se abre un proceso para implementar normas que llenen vacíos e impulsen una nueva política agraria que no atente al medioambiente, planteó la experta en el tema y senadora, Cecilia Requena.
La abrogación de estas leyes “son avances que muestran el poder de la sociedad organizada e indignada, y ahora, el desafío es que la abrogación deja algunas cosas en el aire que deber ser resueltas de forma legal”, dijo Requena a EL DEBER.
Por ejemplo, con la abrogación de la Ley 337 que establecía el tratamiento de los predios con desmontes sin autorización, se debe normar el procedimiento para tratar estos desmontes ilegales.
Desde CC trabajan en un proyecto de ley integral para implementar una actividad agrícola sostenible con un cambio de concepción de la Función Económica y Social (FES) para mantener los bosques en pie, sustituir la quema ilegal, agilizar y digitalizar el proceso de trámites en el INRA y que no sean burocráticos. “La solución es que haya políticas públicas con programas de asistencia, de financiamiento para mantener los bosques en pie y abandonar gradualmente las quemas”.
La lluvia fue muy sectorizada, pero se apagaron 20 incendios en 24 horas. El fuego ya consumió más de 3,3 millones de hectáreas en Santa Cruz. El Gobierno inició operaciones para estimular lluvia y lanzar bolsas de aguas en tres municipios