Para los postulantes a cargos designados o preseleccionados desde la Asamblea Legislativa Plurinacional llegar a la sesión plenaria no es sencillo, porque a medida que superan cada una de las 10 fases previas a la sesión que definirá la lista existen “emisarios” de los partidos que contactan a los aspirantes, así lo revelaron dos excandidatos que postularon al cargo de Defensor del Pueblo en 2022.
Evelyn Patricia Cossío Márquez, es una abogada joven, defensora del caso del cocalero, César Apaza, llegó hasta la sesión de Asamblea en abril de 2022 y fue junto con el actual Defensor, Pedro Callisaya, la que más votos obtuvo de los siete que llegaron hasta esa instancia final. Admitió que hubo contactos de altas autoridades de Estado que la convocaron a una reunión. La abogada dijo que no revelará el nombre de quién la contactó.
“Recibí una visita donde me pidieron reunirme con autoridades de alto rango estatal y me solicitaron que yo pudiera presentarme (a esa reunión) con la finalidad de poder escuchar, pero la finalidad era que yo acceda a algunas peticiones que me hicieran a cambio de que yo esté en el cargo”, dijo la joven abogada que fue una de los 198 candidatos que presentaron sus documentos en 2022.
No fue la única, Abel Antonio Loma Rosales, otro abogado que se presentó a esa convocatoria también llegó hasta la fase decisiva de la sesión de la comisión Mixta de Constitución que aprobó la lista final de siete candidatos, un certificado de la Csutcb que reconocía su trabajo por ayudar en un caso, fue observado por los opositores y quedó fuera de los siete que llegaron a la Asamblea.
“Los que litigamos todos los días sabemos hacer seguimiento de nuestros trámites, entonces yo iba casi a diario para saber las novedades y cuando quedamos unos 30 para la fase final, se me acercó un colega que era compañero de la universidad y me dijo que si me podía reunir con las principales autoridades, pero cuando me observaron el certificado, ya no hubo contactos”, declaró el profesional.
En ambos casos hubo una negativa de los “contactados”. Evelyn Cossío dijo que ya venía de ser abogada de los cocaleros de Los Yungas y veía los abusos a los que eran sometidos sus defendidos, e ir a esa reunión significaba dar la espalda a esa defensa por la que había luchado. No la volvieron a contactar y una semana después, Pedro Callizaya era elegido como Defensor en una jugada política del MAS en la Asamblea.
Sobre el tema, el presidente de la comisión mixta de Constitución, Miguel Ángel Rejas (MAS-ala evista) garantizó a los candidatos que se presenten que no habrá ninguna presión política sobre ellos y que avanzarán los que tenga más méritos profesionales. Dijo desconocer de “contactos” que hubieran existido en la elección del Defensor del Pueblo.
Los costos
¿A cuánto asciende el costo para los candidatos que postulan a cargos de designación o de concurso de méritos? Varía según el aspirante y su responsabilidad de querer avanzar en un proceso de selección. Según los ajustes de la abogada Evelyn Cossío el gasto que erogó para presentar sus documentos alcanza a los Bs 5.000 porque cumplió con los requisitos que exigía la convocatoria y lo hizo en tiempo récord porque decidió su postulación una semana antes de que se cierre el plazo de inscripción.
“Sacar los certificados cuesta entre 400 a 500 bolivianos, hasta 1.200 dependiendo, porque tienes que presentar documentación actualizada”, graficó la abogada y dijo que existen las declaraciones juradas que se deben hacer ante un notario de fe pública o solicitar certificados ante distintas instituciones.
En cambio el otro candidato, Abel Loma, aseguró que él gastó menos de Bs 1.500 entre las declaraciones juradas y los certificados. “Ahora bien, hay candidatos que quieren presentar todos sus papeles y en ese caso el gasto puede incrementarse”, dijo y aseguró que la certificación de un posgrado es de Bs 150 aproximadamente.
Los requisitos
Para esta elección se requiere de ocho certificados de entidades estatales como la Contraloría General del Estado (CGE), el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el ministerio de Defensa. En cada una de las instituciones el costo del certificado oscila entre Bs 30 a 100. Curiosamente, no se pide certificado de antecedentes policiales, que es el requisito en casi todos los trámites del Estado.
Asimismo, deben conseguir dos declaraciones juradas ante notario de fe pública cada uno a un costo de Bs 200. Finalmente, se requiere 4 tipos de fotocopia legalizada, cada una de ellas puede variar según la institución a la que se acuda.
En todo caso, el documento de mayor costo es la liberación de servicio militar para los candidatos varones cuando estos no hicieron el servicio militar. En ese caso, el costo es de Bs 4.000 hasta los 23 años y después de eso, por cada año que pasó se paga Bs 200 de multa lo que puede elevar su costo hasta los Bs 6.000 en el mejor de los casos.
Las judiciales de 2017
En 2017 cuando se realizó la preselección de los candidatos a magistrados también hubo tropiezos, primero porque no se presentó el número de candidatos que esperaban en la Asamblea.
En abril de ese año aprobaron la ley 929 que cambió la composición de los cuatro cuerpos judiciales: El Tribunal Agroambiental tenía siete magistrados y bajaron a cinco; el Consejo de la Magistratura bajó de 7 a 3 magistrados; el Tribunal Constitucional que también tenía siete magistrados subió a nueve y se volvió elección por circunscripción departamental.
Desde ese año hay dos tipos de papeletas, una para TCP y TSJ porque se elige a un magistrado por cada uno de los nueve departamentos; en el caso del Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental se vota por los mismos candidatos en todo el país.
No fue lo único, en 24 días de registro de candidatos había 47 postulantes y el MAS que tenía más de dos tercios en la Asamblea no tuvo problemas para ampliar el plazo, porque supuestamente había 300 trámites en curso.