La fiscal Yolanda Aguilera presentó la imputación formal en contra del gobernador encarcelado de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y de la notaria del Gobierno Departamental de dicha región, Gina María Talavera, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica.

En la imputación, suscrita el 1 de agosto, la fiscal requiere la aplicación de la medida excepcional de detención preventiva para ambos por un plazo de 90 días porque asegura que hay riesgos procesales de obstaculización de la investigación y peligro de fuga. Aunque, en el caso de Camacho, ya está detenido de manera preventiva en el penal de Chonchocoro acusado por una serie de delitos.

La presente investigación fue iniciada a denuncia del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra Corrupción, inicialmente, en contra de los dos ahora imputados y posteriormente ampliada en contra de Efraín Suárez, por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones.

Antecedentes

De acuerdo con los antecedentes del caso, a horas 14:00 del 1 de agosto de 2023, se registró en las oficinas de la Notaria de Gobierno, de la administración departamental de Santa Cruz, un protocolo de “poder especial, amplio y suficiente”.

Mediante ese documento, Camacho supuestamente confirió el citado “poder” a dos funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz (Carlos Andrés Centenaro Martínez, como director del Servicio Jurídico Departamental, y Vanessa Eguez Añez, como directora de Asuntos Contenciosos Jurídicos, de la Secretarla de Justicia).

Sin embargo, según la Fiscalía, en dicho instrumento público se indicó de manera textual como si Camacho hubiera estado presente en las oficinas del Gobierno Departamental de Santa Cruz para firmar e imprimir su huella dactilar para la otorgación del “poder”, cuando entonces ya estaba detenido en Chonchocoro.

Luego, “con la finalidad de enmendar esta acción ilegal, (Talavera) emitió una nota marginal al final del protocolo y testimonio” para intentar aclarar y corregir su redacción inicial atribuyendo lo sucedido “a un error en la transcripción”, señala la Fiscalía.

Pero “es evidente que el 1 de agosto de 2023, en el recinto penitenciario de San Pedro de Chonchocoro de La Paz, la Notaria de Gobierno (…) nunca se hizo presente (…) ni en otra fecha a objeto de hacer el protocolo que hoy es acusado de falso”, sostiene la Fiscalía en su imputación formal.

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