El sistema de radares que Bolivia contrató de Francia entrará en pleno funcionamiento desde septiembre de este año, según la explicación del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, ante el pleno del Senado, en mayo de este año. Tal como reveló entonces, el avance para la entrega está en su fase final.

“De acuerdo al último contrato modificatorio vigente, a la fecha, la empresa Thales (Air Systems), ha cumplido con el 95.45% de ejecución del contrato del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo. Hasta este porcentaje, los sitios y radares concluidos, se encuentran en operación y funcionamiento desde el 05 de diciembre de 2022. El porcentaje faltante, se encuentra en plena ejecución y será entregado el 22 de septiembre 2023”, dijo el ministro en su informe ante la Cámara de Senadores cuando compareció en mayo de este año.

En agosto de 2016 el Gobierno boliviano y la empresa francesa Thales Air Systems, suscribieron un contrato “llave en mano” para la dotación de 13 radares civiles y militares que permita al Estado tener control del espacio aéreo, principalmente. Por las palabras del ministro, los radares serán entregados oficialmente siete años después de la firma del contrato.

El ministro Novillo también explicó que en el tema de narcotráfico existe un acuerdo interinstitucional con su par de Gobierno para que sea la Felcn la que tenga acceso a información sobre vuelos irregulares. El informe oral había sido planteado por el senador, Henry Montero (Creemos), quien consultó sobre la ubicación de los radares dentro el país.

“La entidad (el ministerio) no pondrá a disposición de otras personas ni dará a conocer información alguna relacionada con la documentación (los detalles), sin el consentimiento previo escrito del proveedor (la empresa). Las obligaciones expresadas en esta provisión comprometen a la entidad (el ministerio) incluso después del término del contrato”, señala el contrato entre el Estado y la empresa francesa, que fue leído por Edmundo Novillo.

También dijo que el decreto reglamentario de la Ley que permitirá la intercepción de las aeronaves sospechosas de narcotráfico está en su fase final, lo que significa que en este momento no pueden intervenir los aviones de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), porque no existe un documento legal que así lo autorice.

La autoridad respondió 12 preguntas que fueron planteadas por el senador Montero, aunque las mismas fueron evasivas, como la del presupuesto que recibe la entidad que está encargada de la operación de los radares y el personal que tiene a su cargo.

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