Mientras el Gobierno afirma que el empresario Luis Iturralde Moreno, acusado por la tragedia en Bajo Llojeta, pidió someterse a proceso abreviado en Perú; la empresa Kantutani difundió un comunicado en el que asegura que los cargos fueron declarados infundados por la justicia peruana.

“Se la ha determinado una detención, un arresto domiciliario, como determinan en el Perú con la obligatoriedad de presentarse cada 15 días y esperemos que en los próximos días se cumplan estos fallos de la justicia peruana y puede ser extraditado para cumplir con la justicia dentro del territorio nacional”, dijo el ministro sobre el caso.

Sin embargo, a los poco minutos la empresa Kantutani, propiedad de Iturralde Moreno lanzó el comunicado indicando que la justicia peruana benefició con ‘comparecencias con restricciones’ y que el empresario había viajado por razones de salud al vecino país.

"La justicia peruana declaró infundada la detención del arquitecto Luis Iturralde y le otorgó comparecencia con restricciones, luego de que fuera detenido por Interpol en el marco de la investigación que se le sigue por el ministerio público de Bolivia debido a los hechos ocurridos el pasado sábado en la zona de Llojeta”, señala el breve comunicado empresarial.

El sábado en la noche se produjo un desborde del río Pasajahuira lo que ocasionó una gigantesca mazamorra que enterró al menos 40 casas y causó la muerte de la pequeña Camila de 5 años. Los dedos acusadores señalaron a la empresa Kantutani, propietaria del cementerio Los Andes que mandó a remover tierras para la construcción del campo santo.  

Las autoridades iniciaron una acción de oficio contra los autores y planteó la convocatoria de los dos alcaldes -La Paz y Achocalla- y el dueño de la empresa Kantutani, sin embargo, este apareció en Chile donde fue capturado y luego informaron que ingresó por Perú, país al que devolvieron.

Este miércoles, las representantes de la empresa informaron que tenían permisos del municipio de Achocalla y que fue el propio municipio que inspeccionó los trabajos que se estaban realizando y no hubo observaciones. Las representantes mostraron documentos que respaldan sus afirmaciones; mientras el municipio de Achocalla dijo que no autorizó nada.