Van dos semanas de paro. En este tiempo el Gobierno redujo los plazos para entregar los resultados del censo, mientras el Comité Interinstitucional consolidó un apoyo ciudadano “entrenado para resistir” y que exige que la encuesta se aplique en 2023 y no en 2024, como está en el Decreto 4760.

Asimismo, el MAS, que aún enfrenta tensiones internas, unificó voces y acciones contra el gobernador Luis Fernando Camacho, según lo han reconocido los mismos dirigentes del oficialismo. Incluso, existen movilizaciones activas para desgastarlo que piden su renuncia. Al mismo tiempo, amenazan con fortalecer el cerco que ha frenado la distribución de alimentos en Santa Cruz y al resto del país para debilitar el paro.

Vecinos como esta mujer salieron a destruir el cerco de la refinería

En una entrevista con Telesur, la cadena televisiva controlada por el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo el viernes que Camacho “es el principal responsable de iniciar el violento conflicto”, en procura de “invisibilizar su incapacidad de gestión” en la administración de su departamento. Aseguró que por eso usó la demanda de censo de 2023 “como una bandera política”.

Las críticas fueron ratificadas por el presidente Luis Arce. Dijo que pese a los esfuerzos de su Gobierno el censo fue politizado y cuestionó la ausencia de Camacho. “Esta mirada política del tema del censo lamentablemente generó un abordaje político, ya que no solo se usó como un instrumento de desestabilización del Gobierno, sino también que busca derrocarlo”, afirmo Arce.

Camacho asistió a la mesa técnica que tuvo lugar el 15 de agosto en Santa Cruz. Hubo otra reunión en Cochabamba a finales de octubre y la que se convocó a Trinidad, pero no acudió a esos llamados.

“Entiendo que esa mesa en Trinidad es técnica y no política”, afirmó Camacho, cuando declinó asistir. “El Gobierno ha querido deslegitimar este movimiento por el censo por un tema personal que tiene conmigo”, afirmó luego de reconocer que optó por mantener distancia de la vocería del Comité Interinstitucional. Respaldó así al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, y a su equipo técnico, para que defiendan la propuesta del censo 2023.

El 21 de julio de 2021, el presidente Luis Arce aprobó el Decreto 4546 con el que declaró de “prioridad nacional” la realización de la próxima encuesta nacional. Esa norma fijó como el 16 de noviembre de este año como la fecha del empadronamiento, pero en julio se postergó para 2024 tras una reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA). La propuesta de los gobernadores alcaldes fue diferir la encuesta porque el INE no había logrado cumplir con el calendario ni las metas. Sucedió el 11 de julio y Camacho no asistió porque fue citado a la Fiscalía. Horas antes, esta entidad canceló la declaración aduciendo “amenazas de muerte contra los fiscales”, pero eso no se esclareció.

Cuéllar afirmó que para la postergación del censo “no hubo mesa técnica ni un informe técnico”. Recordó que el Decreto 4546 tenía un informe que, incluso, fue usado para conseguir el financiamiento externo. Afirmó que, por esa razón, “existe una responsabilidad del INE que no ha sido asumida” y que si el proceso censal fue politizado fue por responsabilidad de esa institución.

La Uagrm solicitó acompañar el proceso censal desde hace un año, pero el INE no brindó información. Ante la falta de respuesta, se conformó el Comité Interinstitucional. Desde que se postergó el censo, en julio, se han desarrollado tres paros cívicos. “Los dos primeros fueron para exigir que nos den información”, aseguró Cuéllar, quien lamentó la falta de institucionalidad de Instituto.

El 30 de septiembre, un multitudinario cabildo decidió otorgar un plazo de 21 días al Gobierno para que reajuste la fecha del censo para 2023. El plazo se venció y cuando la medida comenzó la ministra Prada ofreció “modificar” el Decreto 4760 para que el censo se haga en abril de 2024 y los primeros resultados en octubre de ese año. En esa fecha, comenzarían a distribuirse los recursos de la coparticipación y la asignación de los nuevos escalos del Legislativo.

La oferta, según el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, se dio, precisamente, por efecto de la presión ciudadana, pero no fue suficiente porque está vigente “el mandato” del cabildo del 30 de septiembre que exige que la aplicación del censo se haga en 2023.

“Lo más adelantado que tenemos son los resultados que ahora se van a entregar en octubre de 2024 y de ahí los beneficios que es la redistribución de los recursos y otros ajustes legales que tiene que ver con la redistribución de escaños y el ajuste de la cartografía electoral para los escaños uninominales que ya se podrán usar a partir de octubre. Estamos tranquilos con eso, pero es importante que el Gobierno sepa que no puede jugar con la memoria de los bolivianos. Esa credibilidad está en entredicho porque prometieron un censo en 2022 y no lo cumplieron”, señaló Calvo, quien recordó que el ministro de la Planificación, Sergio Cusicanqui y el mismo portavoz de la Presidencia, Jorge Richter, aseguraron que el censo “estaba listo”. Incluso, Richter anunció en abril que la actualización cartográfica iba a estar lista para finales de julio pasado.

“El Gobierno no está sabiendo entender. Contrariamente ha profundizado la polarización y el rechazo que existe contra el centralismo. Se ha cohesionado la identidad cultural, la rebeldía política y la resistencia social. Son tres aspectos que fortalecen el cooperativismo ciudadano”, apuntó el politólogo José Antonio Peralta frente a la respuesta de desgaste a la que jugó el MAS, el Gobierno y sus aliados contra el paro que ya lleva dos semanas.

“Si miramos en prospectiva, que pase lo que pase, los bolivianos en Santa Cruz han ganado. En la otra esquina, pase lo que pase, el Estado Plurinacional gobernado por el Movimiento al Socialismo (MAS) ha perdido”, apuntó la periodista Lupe Cajías, sobre lo que consiguió el paro por el censo.

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