Luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fallara a favor de la libertad del exalcalde de Cochabamba, José María Leyes en el caso Mochilas 2, y a la espera de similar sentencia por el caso Mochilas 1, la exautoridad espera volver a la silla edil a más tardar el jueves de esta semana.

Así lo manifestó su abogado Jorge Valda, quien espera el cumplimiento de la última resolución judicial, entre hoy y mañana. “La Sentencia Constitucional dispone que Leyes jamás debió estar con detención preventiva y domiciliaria, porque los elementos tomados en cuenta estaban forzados para restringir indebidamente la libertad de Leyes. Bajo esa misma interpretación, se ha dictado otro fallo en Sucre, que debe ser cumplido, indicando que su detención es ilegal e indebida. Bajo este entendimiento, no existiría ningún impedimento, para que José María Leyes retorne a la alcaldía de Cochabamba”, manifestó Valda.

José María Leyes fue denunciado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), por la compra irregular mochilas y útiles escolares con un sobreprecio. Está suspendido de su cargo desde 2018 y fue remitido a la cárcel de San Antonio.

Denuncias a exautoridades

Mientras ello suceda, ya la defensa de Leyes está iniciando el proceso contra exautoridades del Gobierno del MAS, de la justicia y la Fiscalía, acusado de haber “creado” los casos contra el exalcalde.

“Se tendrá que abrir procesos contra quienes crearon estos casos. Se ha presentado una denuncia hace tres semanas en Sucre, que ha sido abierta por la Fiscalía General. Ha sido remitida a la Asamblea Legislativa donde se ha emitido el juzgamiento de varias personas para que presten sus declaraciones dentro de la investigación, puesto que estos casos han sido altamente armados, forzados e impulsados. Tenemos declaraciones de autoridades judiciales que señalan que fueron obligadas a actuar en contra de Leyes”, indicó el abogado Valda.

Se interpuso una demanda penal contra del exministro de Justicia, Héctor Arce; el exfiscal general del Estado, Ramiro Guerrero; el exviceministro de Transparencia, Diego Jiménez; autoridades del Consejo de la Magistratura; y fiscales, que habrían sido parte de una “red” que impulsó los procesos contra el alcalde Leyes, para alejarlo del cargo y enviarlo a la cárcel. Valda dice tener pruebas de las extorsiones que presentará a las autoridades judiciales en los próximos días.