El 9 de octubre concluye el mandato del fiscal general, Juan Lanchipa Ponce. Antes de esa fecha, la Asamblea Legislativa debe elegir a su sucesor, pero no se avizoran acuerdos. De hecho, se han aprobado dos proyectos de ley —una en Diputados y otra en el Senado— para que se haga ese revelo.
Eso sí, sin una norma transitoria que regule esa elección, el presidente Luis Arce puede designar a un fiscal hasta que se elija al titular. Entre los legisladores la percepción no apunta a los acuerdos debido a la polarización que golpea, especialmente, al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
Por una parte, está el proyecto de 119/2023-2024 “Ley Transitoria para la selección y designación de la o el Fiscal General del Estado”, impulsado en el Senado. Fue aprobado en grande y detalle a inicios de julio y ya fue enviado a la Cámara de Diputados. Froilán Mamani (MAS-arcista), presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, dijo que envió ese documento en consulta al Órgano Ejecutivo. Aguardarán la devolución con observaciones.
El legislador afirmó que el proyecto de ley que se está trabajando en la Cámara de Diputados también fue enviado al Ejecutivo. Se trata de validar aspectos presupuestarios para llevar adelante la elección del próximo fiscal.
“Entendemos que el Senado, aunque existe un vacío que ellos no enviaron a una consulta que se debería realizar por el conducto regular. A penas nos llegue la consulta y el proyecto de ley aprobado en Senado, podríamos ver la manera de fusionar, eso no está descartado”, aseveró Mamani.
Consultado por este panorama, el exfiscal Joadel Bravo consideró que esta elección apunta a “empantanarse” así como la elección de magistrados. Este proceso lleva un año de demora y la extensión de los magistrados en sus cargos más allá de los seis años estipulados en la Constitución.
“Así como el Gobierno prolongó el tiempo de las autoridades de la corte (magistrados) más alta del país pasará lo mismo con el cargo del fiscal. Si Arce no tendrá con los dos tercios no se arriesgará a que se elija a una autoridad que no esté en la línea de Gobierno” consideró el especialista.
La postura del ministro Lima
El ministro de Justicia, Iván Lima, aprovechó la oportunidad para responsabilizar por este estancamiento en la elección del fiscal general al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari y al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.
“Pareciera que viven a miles de kilómetros de distancia y no en el mismo edificio y que no coordinan entre los dos presidentes. Ellos tienen la labor de coordinar la labor legislativa y no hacer estos papelones, es una vergüenza lo que pasa en la Asamblea”, señaló en contacto con EL DEBER.
La autoridad opinó que al elegirse a la persona que estará a la cabeza de persecución de delitos contra el narcotráfico, corrupción por el presente escenario da a entender que algunas personas que tienen cuentas pendientes con la justicia no quieren que se elija al nuevo fiscal general del Estado.
Tras ser consultado si, en caso fuese nombrado por Arce para que ocupe el puesto de fiscal interino, Lima tomó una pausa y luego respondió: “Haré siempre lo mejor para el pueblo boliviano. Lo que determine el presidente será lo que yo haga”.
A tres meses de que Huaytari deje la Presidencia de Diputados, le exigen su renuncia. Él atribuye los ataques en su contra a intereses evistas por las primarias. Le tocó presidir la Cámara Baja en el peor momento del MAS