¿Las elecciones judiciales están en riesgo?, esa es la pregunta que flota en el aire y nuevamente prende las alarmas en la oposición y en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidad que administra este proceso desde el 15 de agosto.
Y es que desde Comunidad Ciudadana (CC) alertan que nuevamente, “intereses particulares de quienes ocupan cargos en el Tribunal Constitucional”, pretenden “tumbar”, las judiciales con la presentación de recursos.
“Se han presentado tres amparos en contra del Tribunal Supremo Electoral, dos de ellos en una sala de Pando que controla el magistrado auto prorrogado (René Yván) Espada, y otro está en Beni, que está controlada por el magistrado auto prorrogado (Gonzalo Miguel) Hurtado”, afirmó la senadora Andrea Barrientos.
La legisladora agregó que esos tres amparos ponen en riesgo la realización de las elecciones judiciales, advertencia que también merece la atención entre los vocales del TSE, como es el caso del vicepresidente de la entidad Francisco Vargas quien dijo a Radio Santa Cruz que han tomado conocimiento no formal de estas posibles intenciones.
En tanto, el vocal Tahuichi Tahuichi, informó a EL DEBER que la entidad no tiene conocimiento oficial de ningún amparo o acción judicial contra el proceso de las elecciones judiciales.
“Hasta el momento no ha llegado ninguna notificación. No hemos sido notificados ni como terceros interesados, ni como accionados directamente como Órgano Electoral para que se pueda paralizar el proceso electoral o se pueda retrotraer”, indicó la autoridad.
En el caso hipotético de que la Sala Plena del TSE sea notificada con algún recurso o amparo, los vocales se reunirán en sesión para analizar el asunto y tomar una decisión, agregó Tahuichi.
En ese marco, el delegado presidencial ante el TSE, Gustavo Ávila, afirmó que todo proceso electoral cuando ya está en curso en el TSE es regido por el principio de preclusión, que quiere decir que ninguna fase del proceso electoral puede ser revisada o repetida.
En ese marco, desde la oposición en el Parlamento advierten a los supuestos detractores de las elecciones que no van a permitir que nuevamente se busque frenar la elección judicial.
“Les advertimos a los magistrados auto prorrogados que si ellos continúan en esta lógica de tumbar la elección vamos a tomar las medidas legales, jurídicas y legislativas correspondientes para su inmediata cesación de funciones, pero además serán sujetos no solo a un juicio de responsabilidades si no a un juicio penal”, advirtió Barrientos.
Desde febrero de este año cuando se aprobó la Ley de convocatoria a las elecciones judiciales, se presentaron al menos unos 30 amparos constitucionales y recursos judiciales contra el proceso de preselección en la Asamblea Legislativa, el mismo que fue paralizado al menos tres veces por tribunales de Justicia de Beni y Santa Cruz.
Ocho postulantes al TCP de cuatro departamentos ya son virtuales ganadores porque son los únicos candidatos, exmagistrados, exjueces y exvocales pugnan por ser los nuevos tribunos en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Tribunal Constitucional