Las organizaciones indígenas que no son parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) consideran que el mensaje del caso de Marco Aramayo “es un escarmiento para que nadie más se atreva a implicar a altas autoridades que sean cercanas a Evo Morales”.
Aramayo fue el director del Fondo Indígena que denunció un millonario desfalco por dirigentes de las organizaciones sociales que sustentan al oficialismo. El exfuncionario murió el martes tras permanecer siete años en prisión.
“Es un mensaje a todos los indígenas... cualquiera que hable mal de las altas autoridades del MAS va a correr esa misma suerte. Ahora nos corresponde hacer una representación directa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)", anticipó a EL DEBER el dirigente indígena Adolfo Chávez.
El exdiputado Rafael ‘Tata’ Quispe también afirmó que se trata de “un escarmiento ejercido por el poder” para que nadie más denuncie corrupción del Estado. Cuestionó así a la Fiscalía porque no emitió ninguna acusación formal en este caso.
Sin embargo, el fiscal de La Paz, William Alave, dijo que el caso relacionado con este millonario desfalco no se cerró y que existen 400 personas que están siendo investigadas, incluso, con acusaciones. La lista la encabeza la exministra Nemesia Achacollo.
La autoridad del Ministerio Público admitió, en contrapartida, que varios de los implicados “no fueron habidos” y aclaró que no se los puede juzgar en rebeldía por mandato de varios fallos del Tribunal Constitucional.
“Son 400 personas que han administrado los recursos y ya tenemos acusaciones; hemos hecho acusaciones en esos casos. Es evidente que en otros no se ha podido concluir con las investigaciones debido a que estas personas no han sido habidas en su momento”, afirmó.
La Contraloría y auditorías como la que promovió Óscar Ortiz cuando fue senador documentaron que más de Bs 700 millones del Fondo Indígena se desviaron a cuentas bancarias particulares, aunque el monto puede superar los Bs 1.000 millones debido a que la documentación presentada por esa entidad no estaba completa.
El escándalo estalló en 2015, pero reflotó en las últimas horas por efecto de la muerte en prisión de Marco Aramayo, quien fue director de Fondo Indígena y el principal investigado en este caso. En total, se activaron 256 casos en su contra por delitos de corrupción.
Alave recordó que el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal señala que cuando las personas fallecen se extingue el proceso. “Esto se aplicará para esta persona”, apuntó la autoridad.
Aramayo estuvo siete años en prisión por cargos que tienen penas de hasta cinco años de privación de libertad. El exfuncionario denunció el caso ante la Contraloría y luego fue procesado. Además, cada vez que ampliaba datos, nuevos casos se le sumaban en su contra y llegó a comparecer en casi todo el país.
Ante este escenario, el activista Manuel Morales del Comité de Defesa de la Democracia (Conade) recordó que él fue compilador de varios estudios que reflejan la corrupción que hubo en el Fondo Indígena y pidió a las autoridades reactivar este tema.
“La muerte de Marco Aramayo nos va a dar nueva fuerza. Necesitamos que esto vuelva a la agenda pública. Que los derechos económicos de las comunidades indígenas no sean vulnerados nunca más”, afirmó.