Este lunes 27 de marzo comenzará a trabajar en Bolivia una delegación de 25 personas pertenecientes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, para analizar el estado de derechos humanos en el país, en el marco de la visita ‘In loco’.

La visita del organismo se da después de 17 años en el que una comitiva de la entidad estuvo por primera vez en el país, entre el 12 y 17 de noviembre de 2006, cuando Evo Morales ejercía la presidencia, y emitieron un informe un año después sobre la reforma en la administración de justicia. Una de sus valoraciones fueron las elecciones generales que se llevaron a cabo en 2005.

Ahora, la comisión estará durante cinco días, hasta el 31 de marzo, visitando cuatro ciudades y llevarán a cabo múltiples reuniones con los cuatro Órganos del Estado, instituciones, representantes de la sociedad civil y sectores vulnerables, según confirmó el viceministro de Justicia, César Siles.

La autoridad informó que el equipo de trabajo, a la cabeza de la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, estará desplegado en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, en los que ya recibieron alrededor de 500 solicitudes de audiencia.

Siles detalló que la delegación solicitó visitar la cárcel de Chonchocoro, San Pedro y Miraflores en La Paz. Justamente, en el primer recinto penitenciario se encuentra recluido el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y en el último centro carcelario está la expresidenta Jeanine Áñez.

Explicó que entre los objetivos de la CIDH en Bolivia está ocuparse de la institucionalidad democrática respecto a las relaciones entre los órganos del Estado; los desafíos sobre el acceso a la justicia; las garantías judiciales; los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; y la discriminación estructural contra poblaciones en situaciones de vulnerabilidad con enfoque en la discriminación por género y origen étnico racial.

Van a reunirse con representantes de la comunidad LGTBI, de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en la masacre de Sacaba y Senkata, con las víctimas de la dictadura, con las víctimas del paro en Santa Cruz, los exvocales del Tribunal Supremo Electoral y tribunales departamentales de 2019”, indicó.

Están contemplados encuentros con la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, la Fiscalía, la Central Obrera Departamental (COD) y la Federación de Campesinos.

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