Dirigentes del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) presentaron ayer ante la Fiscalía de La Paz otra denuncia en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por la toma de la sede campesina durante los 36 días de paro.
Los dirigentes presentaron una querella en oficinas de la Fiscalía Departamental. “El Conamaq presentó una denuncia penal por los delitos que cometieron Camacho y Calvo que discriminaron a nuestros pueblos indígenas originarias, por instigar a la defenestración de la economía del departamento de Santa Cruz, por quemar el símbolo patrio de nuestros pueblos indígenas originarios. Por eso presentamos esta denuncia, esperamos que la justicia actúe, porque lamentablemente es para quienes tienen plata”, declaró el jiliri apu mallku de esta organización, Ramiro Jorge Cucho.
El dirigente especificó que la querella se presentó por la supuesta comisión de allanamiento agravado de domicilio, por la quema de la sede campesina; tenencia y portación ilícita de explosivos; instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, atribuirse los derechos del pueblo, racismo y discriminación, desórdenes, perturbaciones públicas y ultraje a los símbolos públicos, “queremos ver en la cárcel a Camacho y Calvo por haber cometido el golpe de Estado en la gestión 2019”.
Por otra parte, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, conminó al Gobernador para rendir un informe oral sobre el paro.
“Ya se presentó el requerimiento con peticionarios desde la Cámara de Senadores, y esta autoridad no se presentó. Sin embargo, se emitirá una nueva convocatoria para que pueda informar sobre los sucesos, el perjuicio, las pérdidas económicas y humanas, la violación a los DDHH en los 36 días de paro. Tiene que responsabilizarse, si no se presenta está cometiendo el delito de incumplimiento de deberes, y cuando se agoten las instancias, se presentará una demanda penal desde el Senado”.
La diputada de Creemos Verónica Aguilar respondió que “el gobernador es una autoridad electa, y es el primer poder local de Santa Cruz. Es fiscalizado por la Asamblea Departamental. Por eso tiene la libertad de venir o no al Congreso. Pero, no hay garantías, podrían hacer un show apenas ponga un pie en La Paz por la cantidad de procesos que le inventaron”.
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