El primer balance de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) observó la forma en la que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) asumió decisiones unilaterales para prorrogarse de manera unilateral y el fallo que provocó que la elección de magistrados del 15 de diciembre parcial, algo inédito en el registro de esta entidad.
El informe, que es el fruto de la observación de 17 delegados, hace notar que el proceso electoral se desarrolló con un año de demora lo que “desencadenó una serie de conflictos político-jurídico e hizo un llamado enérgico para que los magistrados, todos los magistrados sean renovados en estricto apego a la Constitución Política del Estado (CPE).
De hecho, la Carta Magna establece que la renovación de magistrados del Órgano Judicial se realice cada seis años sin posibilidad de prórroga, pero también señala que el TCP asume decisiones vinculantes y definitivas sin posibilidades de consideraciones posteriores.
“La misión de observación electoral de la OEA no puede dejar de llamar la atención respecto a la situación creada por los magistrados del TCP que han extendido su mandato más allá del plazo establecido en la Constitución y que, a través de decisiones, en las que incluso intervinieron, retienen una mayoría en dicho Tribunal”, se lee en el informe.
La misión, dirigida por el abogado uruguayo Edison Lanza, exrelator de Libertad de Expresión de la CIDH, también izo “un llamado enérgico a todas las instituciones bolivianas a buscar, de manera urgente, una solución que permita concluir con la selección de las y los integrantes pendientes del TSJ y el TCP, a través de un mecanismo estrictamente apegado a la CPE.
El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, y los vocales del TSE anunciaron la necesidad de convocar una cumbre para que se lleguen a decisiones institucionales clave. Considerando que la decisión unilateral de la “autoprórroga” de magistrados no consideró una elección parcial, los magistrados que se extendieron en sus cargos deberán concluir su gestión el 2 de enero.
El TCP aún no ha emitido ninguna opinión, pero se reunieron con los comisionados de la OEA. Además, los magistrados de este tribunal denunciaron que eran víctimas de una campaña de desprestigio y anticiparon una queja ante la CIDH (Comisión Interamericana de DDHH).
El proceso electoral estuvo marcado por un año de retraso, debido a conflictos sociales y fallos judiciales que obligaron a reprogramar los comicios originalmente previstos para 2023.
Este retraso, según la OEA, desató una serie de conflictos político-jurídicos, siendo el más significativo la extensión de los mandatos de magistrados elegidos en 2017.
Esta extensión, decidida por el propio TCP, contravino el plazo establecido en la Constitución y se justificó como una medida temporal hasta la realización de nuevas elecciones.
“La extensión del mandato más allá del plazo establecido en la Constitución, hasta celebrarse una nueva elección, fue decidida por el TCP mismo”, señala el informe. Esta decisión provocó críticas tanto de actores políticos como de la sociedad civil, quienes cuestionaron la imparcialidad y la transparencia del proceso.
El fallo del TCP también declaró inconstitucional la convocatoria a elecciones judiciales en cinco departamentos para el TCP y en dos para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esto resultó en la celebración de elecciones parciales, una situación sin precedentes en Bolivia. Los magistrados electos en 2017 en estas regiones continuarán en sus cargos hasta que se organicen nuevas elecciones.
El informe advierte que estas decisiones incrementaron las tensiones entre los altos órganos del Estado y generaron desconfianza entre la población. “Ambas decisiones, la celebración de elecciones parciales y la suspensión de los comicios en ciertos departamentos, generaron una discusión nacional, acusaciones mutuas y desconfianza en las y los candidatos”, señala el documento.
Pese a los desafíos, la OEA reconoció el esfuerzo del TSE y los Tribunales Electorales Departamentales (TED) para llevar adelante las elecciones. La jornada se desarrolló de manera pacífica, con una participación ciudadana del 81.3%. Además, el trabajo de jurados electorales y notarios fue destacado como clave para el éxito logístico del evento.
No obstante, hubo críticas hacia la falta de inclusión en ciertos recintos electorales, como la ausencia de facilidades para personas con discapacidad, y una sobrecarga de tareas para notarios y coordinadores de recintos. También se lamentó la decisión de no implementar la transmisión rápida de resultados preliminares, lo que generó malestar entre candidatos y ciudadanos.
La OEA enfatizó que el contexto de las elecciones estuvo marcado por una profunda polarización política, tanto dentro del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) como entre el gobierno y la oposición. Esto se tradujo en bloqueos de carreteras y retrasos en el calendario electoral.
Además, el informe denuncia una judicialización excesiva de decisiones electorales, con más de 60 expedientes presentados ante el TCP, un aumento significativo respecto a elecciones anteriores. Según la OEA, este fenómeno refleja debilidades estructurales en el sistema judicial y electoral boliviano.
- Aprobación de un marco legal integral: Diseñar una ley marco que regule todos los aspectos del proceso de selección y elección de autoridades judiciales, garantizando transparencia, objetividad y meritocracia.
- Reformas al sistema de elección popular: Evaluar alternativas para reducir la politización del proceso y asegurar la independencia judicial.
- Fortalecimiento de la transparencia: Publicar de manera oportuna documentos clave del proceso electoral y garantizar la colaboración con veedurías ciudadanas.
- Revisar el rol del TCP: Clarificar las competencias del TCP para evitar interferencias en el sistema electoral y judicial.
- Promoción de la equidad de género: Implementar medidas para garantizar la participación igualitaria de mujeres, incluyendo apoyo logístico y financiero para candidatas.
A más de una década de la introducción del sistema de elección popular para autoridades judiciales en Bolivia, la OEA concluye que el modelo ha mostrado serias limitaciones. Ninguno de los actores entrevistados manifestó estar plenamente conforme con el mecanismo actual, aunque coincidieron en la necesidad de cumplir con la renovación de autoridades judiciales conforme a la Constitución.
“Es urgente que las autoridades bolivianas, los órganos políticos y las organizaciones de la sociedad civil trabajen conjuntamente en el diseño de un sistema que no solo corrija las deficiencias actuales, sino que también garantice la sostenibilidad de las soluciones adoptadas”, subraya el informe.
La OEA también destaca que la experiencia de Bolivia puede servir como referencia para otros países interesados en implementar sistemas similares, evitando reproducir los errores observados. Mientras tanto, el país enfrenta el reto de restaurar la confianza ciudadana en sus instituciones y fortalecer los pilares de su democracia.