El fiscal de Santa Cruz, Róger Mariaca, dirigirá a partir de mañana, y por los próximos seis años, al Ministerio Público del Estado. Contra todo pronóstico porque no había un consenso previo, la Asamblea Legislativa Plurinacional completó anoche el proceso de elección tras dos rondas de votación. Mariaca obtuvo el apoyo de más de dos tercios de los legisladores que se reunieron ayer en una sesión de la Asamblea Legislativa.
De los 161 legisladores que asistieron a la votación, el fiscal cruceño obtuvo 115 votos frente a los 32 que logró su contrincante Milton Montellano durante la segunda vuelta de votación. La primera vuelta fue protagonizada por los 10 postulantes que llegaron hasta esta instancia luego de obtener más de 130 puntos en la fase de evaluación. En esa primera votación Mariaca logró 83 votos de los asambleístas, mientras que Milton Montellano Roldan logró 29 votos.
Según la Ley 1579 que regula este proceso se debía ir a segunda vuelta excluyendo a los que hubieran logrado menos de 20 votos de asambleístas, ese mecanismo logró que la votación se reduzca a dos personas y ocho quedaron fuera automáticamente.
De ese modo, Montellano y Mariaca fueron a segunda vuelta pese a las acusaciones que surgieron en las horas previas, pues los legisladores acusaron al fiscal cruceño de ofrecer dinero a cambio de votos. La senadora Andrea Barrientos y la diputada Krupskaya Oña lanzaron esas sindicaciones.
Entre esas saltó la discreta reunión que sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, con el actual fiscal departamental de La Paz, William Alave. Esta polémica “entrevista” jugó en contra y el postulante paceño logró solo 19 votos en la primera vuelta, pese a ser el mejor calificado pues llegó a esta fase con 186 puntos a merced de la sumatoria de méritos y examen oral.
Róger Mariaca había logrado 83 puntos en fase de méritos y 80 en la prueba oral en la que expuso su propuesta de trabajo lo que lo ubicó en quinto lugar; mientras que Milton Montellano Roldan logró 88 puntos en méritos y 63 en examen y propuesta de trabajo, ingresó a la Asamblea en noveno lugar.
La elección del nuevo fiscal se produjo al filo del plazo, pues el mandato del actual responsable del Ministerio Público, Juan Lanchipa vence justo hoy y este lunes el fiscal saliente realizó su informe de gestión y se despidió de sus colaboradores en Sucre, la ciudad a la que tendrá que mudarse Mariaca para desarrollar sus funciones.
Lanchipa presentó su informe por los seis años al mando de la Fiscalía y destacó que en su administración hubo importantes avances en materia procesal, por ejemplo, con la implementación del “Ecosistema Justicia Libre”, programas de institucionalización que benefició a 321 funcionarios institucionalizados y la resolución de casi mil procesos penales.
“Durante estos 6 años se gestionó un total de 1.104.746 casos y de los cuales cerramos un total de 923.826 casos, es decir cerramos un 83.62% del total de la carga gestionada. Al 30 de septiembre el Sistema Justicia Libre, registraba 180.920 casos a nivel nacional y tenemos 701 fiscales de materia lo que nos da una media de 258 casos por fiscal”, indicó Lanchipa.
El constitucionalista y asesor jurídico en el Senado, Israel Quino, señaló que el nuevo Fiscal General del Estado enfrentará una serie de desafíos inmediatos para cumplir con el mandato constitucional de defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. En ese marco, Quino identificó cuatro tareas prioritarias que deberán ser atendidas por la máxima autoridad del Ministerio Público.
La primera es la “reestructuración del Ministerio Público”. Quino subraya la necesidad de una profunda reestructuración dentro de la Fiscalía. “Los malos operadores de justicia al interior del Ministerio Público deben ser cesados y reemplazados por una nueva generación de fiscales comprometidos con la legalidad y la constitucionalidad”, manifestó.
Según el constitucionalista, la corrupción es un problema enquistado en la institución, y extirpar ese “cáncer” debe ser una prioridad para restaurar la confianza en la justicia.
Luego sigue la “descongestión procesal”. Otro de los problemas urgentes es la sobrepoblación penitenciaria. Quino recordó que más del 65% de los reclusos en Bolivia se encuentran en detención preventiva sin sentencia, una situación que se mantiene desde la reforma procesal penal de 2001.
El hacinamiento en las cárceles y el deficiente acceso a la justicia son, según él, una clara muestra de la falta de una política criminal efectiva en el país.