Una cifra que alarma. En lo que va de 2022 han surgido más de 4.000 denuncias por delitos de violencia sexual en Bolivia, según un reporte de la Fiscalía, desde donde advierten un incremento sustancial de las denuncias, que significan 1.000 más de las registradas en el mismo periodo de tiempo de 2021. 

Son 4.326 causas en total, según reveló la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Daniela Cáceres. Esto significa cerca de un 30% más de casos referidos a abuso sexual, violación y estuproDel 1 de enero al 5 de junio del 2021 se registraron 3.287 casos, mientras que en lo que va de 2022 se registraron 4.326 casos en todo el país.

De los casos reportados este año, el de mayor incidencia es abuso sexual con 1.372 casos, seguido de violación con 1.170; violación a infante, niña, niño o adolescente, con 1.098. y estupro, con un total de 686 casos. 

El departamento con mayor incidencia es Santa Cruz con 1.432 casos, seguido de La Paz, con 857 casos;  Cochabamba (773), Potosí (278), Tarija (259), Chuquisaca (247), Beni (240), Oruro (174) y Pando (66).

La funcionaria dijo que solo en junio,  entre los días 5 y 8 se han registrado 432 casos de esta índole. Estas cifras generan alarma en el Ministerio Público, por lo cual se tomarán acciones como la Mesa Nacional Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia, que se llevará adelante la siguiente semana.


“La Mesa Nacional de Lucha Contra la Violencia tiene por objetivo fundamental generar espacios de coordinación y articulación entre todas las instituciones llamadas por ley para la atención, investigación, sanción y reparación de hechos de violencia. Vamos a contar con la presencia de autoridades para asumir compromisos y aprobar el plan de acción para la presente gestión y poder lograr juntos una mejor respuesta a la sociedad”, sostuvo Cáceres.

Durante el desarrollo de la mesa nacional se presentarán los resultados y diagnósticos de las mesas departamentales con la finalidad de establecer dificultades, las necesidades, buenas prácticas y acciones urgentes que se deben asumir en cada una de las instituciones para generar una buena cadena de atención a las víctimas.

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