La justicia paceña asumió el pedido de la Fiscalía y determinó la detención preventiva de 19 de los aprehendidos en la localidad de Riberalta en el penal de Villa Busch en la ciudad de Cobija; mientras que otros 38 accedieron a las medidas sustitutivas de detención preventiva, confirmaron los familiares de los detenidos.

La audiencia cautelar de los 57 mineros que trabajaban en el río Madre de Dios se instaló en la sede de Gobierno y la Fiscalía había solicitado la detención formal de 19 de ellos, a los que acusa de varios delitos como porte y portación ilegal de armas, además de ataque a las fuerzas del orden.

De acuerdo con las explicaciones de las familias, la mayoría de los aprehendidos trabajaban como “voluntarios” o como “representantes” de los socios de la cooperativa Asociación de Balseros (Asobal) y que trabajan con otros productores pequeños, pero todos pertenecen a Asobal.

Los “voluntarios” son los trabajadores que ingresan a una cooperativa, en realidad son funcionarios de la cooperativa, pero reciben ese nombre para burlar las leyes laborales. Es la cooperativa la que paga los salarios con los aportes de los socios de la misma.

El caso de los “representantes” es distinto, es un trabajador que realiza el trabajo en vez del socio de la cooperativa, es decir que el salario que recibe es del bolsillo del propio socio y no de la cooperativa. 

Los “representantes” pueden trabajar tres semanas y una semana debe asistir obligatoriamente el socio.

Eran esas dos modalidades de trabajadores que aprehendieron las autoridades y en el caso de los atacantes a los policías, son socios o los representantes de algunos socios.

Explicaron que en todos los casos existe un asesoramiento legal directo de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), quien puso a disposición su staff de abogados, porque todos los aprehendidos pertenecen a Asobal, que a su vez es afiliada a esa federación.

Las 57 personas fueron aprehendidas el viernes 14 de julio y el mismo día fueron trasladadas a La Paz. El operativo se ejecutó entre las comunidades de Candelaria y Miraflores, ubicadas en las riberas del río Madre de Dios.

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