Luego de los hallazgos en el operativo contra la minería ilegal, Bolivia da los primeros pasos hacia el mercurio cero

El Gobierno informó que planifica o implementa acciones a nivel económico, social y ambiental para cumplir con el convenio de Minamata, que apunta a la eliminación gradual del uso del mercurio en los países signatarios. Un objetivo a corto plazo es la explotación racional del metal precioso.

“La minería aurífera es muy importante para el Estado” por los “impuestos” que genera y porque a través de ella “subsisten, se benefician muchas familias” del país. Sin embargo, la actividad “tiene que estar regulada”, remarcó el ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe.

La autoridad dio una conferencia de prensa junto a los ministros de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, y de Salud y Deportes, María René Castro, luego de una gran operativo policial en el Río Madre de Dios (Beni) en el que se aprehendieron a 57 personas y se destruyeron 27 barcazas que operaban en la zona de manera ilegal.

“Actualmente, ese trabajo se estaba efectuando con muchas irregularidades y con consecuencias muy dañinas para el ser humano y el medioambiente”, sostuvo Quispe.

A la explotación aurífera ilegal “no le importa contaminar el agua, ni la biodiversidad, ni la vida de las personas, animales y peces. No les interesa, la cosa es ganar y después desaparecer, no pagan impuestos, no pagan regalías”, dijo Méndez, quien precisó que de las cooperativas que operan en el Madre de Dios solo 11 cuentan con licencia ambiental, lo que implica el monitoreo y control del mercurio, diésel y desechos que generen estas operaciones.

“El Río Madre de Dios estaba inmovilizado. Solamente podían trabajar las cooperativas preestablecidas con anterioridad, pero hemos visto en estos últimos años un trabajo desmedido, desproporcionado, empleando barcazas que (…) utilizan mercurio desproporcionado”, sostuvo el Quispe.

Méndez recordó que la Ley de Minería y Metalurgia define los pasos a seguir en casos de explotaciones ilegales, como que los mineros deben devolver al Estado y de forma monetizada el mineral que sacaron en estas operaciones ilegales y que se debe destruir la maquinaria empleada.

“La mayor contaminación con mercurio es aquella que se realiza a través de la minería ilegal y es por eso que nosotros estamos luchando contra esta actividad que tiene efectos catastróficos sobre el medioambiente y sobre la vida de nuestra gente y de los animales”, sostuvo a su vez Castro.

La ministra de Salud informó que, en ese marco, esa cartera de Estado trabaja en el Plan de Mercurio y Salud, que está aún en borrador, y en una Guía Técnica para el Diagnóstico Clínico, Tratamiento y Vigilancia de la Intoxicación por Mercurio en Bolivia, que está en revisión. “Esperamos tenerlos ya listos para la primera semana de agosto”, apuntó.

El plan define cinco líneas de acción, entre ellas la “reducción, eliminación y gestión de productos con mercurio añadido”, y un marco normativo intersectorai para la gestión de este tipo de químicos, que afectan la salud, de hombres, mujeres, menores de edad, e inclusive a niños en vientre,

Castro, además, anunció una intervención en coordinación con la Central de Pueblos Indígenas del Norte de la Paz (Cepilap) para llegar desde este miércoles a más de 36 comunidades indígenas en La Paz y Santa Cruz en las que hay alta sospecha de exposición a mercurio.

En estos lugares se recopilarán datos del medioambiente y de la población y se brindará información y la atención médica necesaria, precisó la autoridad, quien no descartó que este trabajo se pueda realizar en otras comunidades que hayan sido afectadas por el mercurio.

En noviembre del año pasado, la Cpilap informó con base en un  estudio que el 71% de los pueblos indígenas que vive en el norte paceño tiene niveles de contaminación por mercurio por encima de lo permitido.

La investigación, efectuada en 268 personas de 27 comunidades indígenas, revela que, mientras lo máximo de mercurio permitido en el organismo de un ser humano es de una parte por millón (es decir, un miligramo por cada kilo), los esse ejja tienen 6,9 partes por millón (ppm), los mosetenes 2,7, los uchupiamonas 2,5, los tacanas 2,1 y los lecos 1,2 ppm.

Quispe incidió en que en el mercado nacional ya se cuentan con tecnologías que pueden reemplazar al mercurio en la explotación aurífera o pueden reducirlo significativamente, como sistemas de recirculación o centrifugadoras, entre otros disponibles de acuerdo con el volumen de producción del operador minero.

“Entonces, corresponde a la Comibol y al Ministerio de Minería trabajar en un proceso de concienciación de que es muy preferible no utilizar el mercurio en la minería aurífera. Para ese propósito, estamos elaborando un plan de tal forma que se efectivice en la próxima gestión”, proyectó

Méndez recordó que hace poco tiempo el Gobierno aprobó un decreto supremo, en el marco del Convenio de Minamata, “que dice que hay que reducir el mercurio a cero, pero hay que empezar por etapas”.

“Por mucho tiempo, no hemos estado participando de esto (del convenio); por tanto, estuvimos sujetos ya a una demanda internacional por no obedecer esas normas”, agregó.

En esta parte del proceso, se comenzó con el registro de todos los operadores que comercian con ese químico en el país.

Según Méndez, los cooperativistas no importan el mercurio, si no que lo compran de empresas que luego de internarlo al país lo exportan a otros mercados, principalmente a Brasil. Así, calculó que el volumen importado a Bolivia triplica el que se necesitaría para las operaciones auríferas con métodos no amigables con el medioambiente.

Quispe anticipó que "una vez que se supere este conflicto", causado tras la intervención policial a un área del Madre de Dios, "en ese sector hay que efectuar una organización de explotación más racional con las cooperativas y con las empresas que actualmente se encuentran y con las nuevas empresas que se van a instalar a futuro".

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