El Ministerio de Hidrocarburos y Energías pedirá ocho años de cárcel en contra del exministro Víctor Hugo Zamora Castedo y cinco exfuncionarios de YPFB por el presunto daño económico a la Planta de Amoniaco y Urea (PAU).

"El equipo jurídico presentó una acusación particular para ser parte del juicio oral en este proceso judicial en el que se pedirá sentencia condenatoria y la pena máxima, además de la reparación del grave daño económico", señala un informe de esa cartera gubernamental.

Según la notificación del Tribunal de Sentencia Penal 1 de Ivirgarzama (Cochabamba), el 28 de este mes se instalará el juicio penal contra el exministro Zamora y el expresidente de YPFB, Herland Soliz Montenegro, por la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea.

Ambos exfuncionarios del gobierno transitorio de Jeanine Áñez son acusados por un presunto daño económico de $us 8,6 millones por interrumpir las operaciones en esa planta dependiente de la petrolera estatal.

En marzo de 2022 el Ministerio Público emitió la acusación formal sustentada con once pruebas testificales y 73 pruebas documentales requeridas y secuestradas de las instituciones involucradas.

El dirigente ejecutivo de la Confederación Nacional Hidrocarburífera, Energética y Petroquímica de Bolivia, Ludwig Abrahán Sánchez, expresó su satisfacción por la fecha del inicio del juicio penal contra exautoridades.

Sánchez afirmó que él fue notificado como parte denunciante y será testigo en este caso.

"El primer objetivo es hallar la verdad de los hechos en torno a las paralizaciones de la Planta de Amoniaco y Urea durante el gobierno de Añez e identificar a los culpables de querer justificar dañar la planta y una supuesta no rentabilidad para luego venderla a manos de los extranjeros", respondió a un pregunta formulada.

Agregó que le motivó denunciar para dejar un precedente para que en próximos gobiernos no atenten el futuro profesional y laboral de una generación que pueda aplicar sus conocimientos y habilidades en la industria boliviana.

La notificación oficial del Tribunal de Sentencia Penal 1 menciona que Zamora, Soliz y otros cuatro exfuncionarios son acusados por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica tipificado en el artículo 154 y 224 del Código Penal.

La planta de urea estuvo paralizada durante 22 meses debido a la crisis social y política en 2019 y después por la pandemia del Covid-19 en 2020.