Considera una vergüenza las denuncias que realiza. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, confirmó este lunes que sugirió a la presidenta Jeanine Áñez la destitución del procurador General del Estado, José María Cabrera, por sostener reuniones “secretas” con gente del MAS para "conspirar".
“Podría decirse que puse mi gotita de arena (para la salida del Procurador), porque ha tenido reuniones secretas con el MAS, lo voy a demostrar, pero lo peor que hizo fue contradecir instrucciones directas de la presidenta, que fue devolver las acciones de Elfec a los cochabambinos, que fueron robadas, porque jamás se pagó ni se devolvió nada”, reveló Murillo en entrevista con Radio Fides.
La autoridad manifestó que Cabrera sostuvo un encuentro privado con la presidenta del Senado, Eva Copa, el martes, para coordinar acciones que “perjudiquen al Gobierno”, calificando como una “vergüenza” las últimas declaraciones que realizó.
“Cómo no lo voy a sugerir(su remoción) si ese señor se reunió con el MAS, está con intereses medio raros, es un señor que está trabajando para intereses de otros partidos y no para la gente que lo puso, entonces, claramente lo que estaba buscando es hacer daño al Gobierno de Jeanine Áñez”, acotó Murillo.
La exautoridad José María Cabrera apuntó al Ministerio de Gobierno de tener presuntas responsabilidades por la compra irregular de material no letal para la Policía y cuestionó la privatización de ENDE. El viceministro Santamaría le pidió leer las leyes.
La destitución del procurador se produjo mediante un decreto supremo, sin que exista una posesión oficial de su reemplazante. Cabrera atribuyó su alejamiento al enojo del ministro Murillo por la investigación del caso gases lacrimógenos, Elfec y el las irregularidades en la compra de los respiradores.
Cabrera considera además que la devolución de las acciones de Elfec es una “directa privatización de la empresa estratégica estatal” y patrimonio de todos los bolivianos. En su momento observó la ilegalidad de pretender atentar contra el patrimonio de ENDE con procedimientos inadecuados.
El informe detecta la supuesta participación de otros 11 funcionarios del Ministerio de Salud, de la Cancillería y de particulares, quienes habrían tenido distintos grados “de participación criminal”, durante el proceso de contratación del equipamiento.