Estuvo en EL DEBER. La de ayer fue más bien una conversación sobre la lucha contra el narcotráfico, especialmente en las zonas que están controladas por Evo Morales y la perspectiva electoral del presidente Arce. Eso sí, aprovechó para entregar un mensaje sobre la visión del Gobierno respecto al relevo de los nuevos magistrados.

Además, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que “hay una fuerza oscura dentro de la administración de justicia” que no quiere que su portafolio de Estado sea parte del proceso legal contra las personas que están implicadas en las operaciones que controló el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien huyó en julio de 2023.

La entrevista con Del Castillo se realizó entre las 10:00 y las 11:00 de este martes. Por la tarde, se supo que un juez de instrucción de instrucción cautelar ordenó  hace algunos días la detención domiciliaria del ciudadano Nestor V., alías Cody, quien era el tercero al mando dentro de la estructura con la que Marset operó en el país. Ya pasó lo mismo con otras cinco personas de este caso.

¿Y Marset? En esta entrevista, el Ministro de Gobierno ya no dio más detalles sobre su posible captura o el sitio donde pudiera estar. Este ciudadano es buscado en Uruguay, Paraguay y Colombia. Operó, según las pesquisas de la Policía de Paraguay, un puente aéreo en ese país, pero con conexiones con Bolivia. Estos fueron sus descargos.

— Ministro, en julio se va a cumplir un año de la fuga de Marset. Transcurrido, el tiempo, qué lectura crítica y autocrítica puede tener usted a partir de lo que sucedió

Estamos molestos con la Justicia. Inicialmente, cuando estábamos persiguiendo a este narcotraficante, las órdenes de allanamiento 48 horas, 72 horas en salir. Cuando teníamos información precisa, no nos respondían. Decían: ‘es fin de semana’, ‘es lunes’, ‘va a salir para el martes’. De ahí, ese documento de los jueces tiene que llegar a la Fiscalía. Y cuando llega a la Fiscalía, vamos a hacer los operativos y ya no encontramos a nada ni a nadie.

Incluso, en alguna oportunidad, bajo riesgo, se ingresó a un condominio pidiendo permiso al guardia de seguridad. No tenían la orden de allanamiento, porque había información que uno de sus familiares se podría encontrar en un condominio en Santa Cruz. Fue un escándalo en Santa Cruz, pero, al final del día, la gente no cuestiona la justicia, cuestiona a la Policía Boliviana que no está logrando sus objetivos.

En este último tiempo, dentro del mismo caso, la justicia ha determinado de manera unilateral retirarnos del caso al Ministerio de Gobierno, que no quiere que seamos parte del caso Marset también. En el caso Nallar nos sacaron, tuvimos una acción de amparo y volvimos casi mediante la fuerza al proceso para evitar que lo liberen a este asesino de policías. Nos han retirado todos los casos porque no quieren que impugnemos, no quieren que objetemos, no quieren que revisemos algunos actuados desde la justicia boliviana.

A nosotros nos sorprende lo que está pasando. Por eso que presentamos proyectos de ley y quisiéramos el acompañamiento de los diputados, quisiéramos el acompañamiento de los senadores. Porque, así como hay buenos policías y hay malos policías, hay malos administradores de justicia y hay buenos administradores de justicia.

— ¿Y qué están haciendo al respecto?

Hemos presentado una acción de amparo en contra de esas malas decisiones de los jueces. Ayer (por el lunes) hemos ganado una acción de amparo para que nos retornen al proceso, pero sabemos que hay una fuerza oscura dentro de la administración de justicia en el país que no quieren que volvamos (a ser parte del caso)

— ¿Hay colusión de la administración de justicia o en algunos niveles de la administración de justicia con el narcotráfico?

No solamente en este caso, sino que en muchos otros. Es un tema pendiente de estas últimas décadas que creíamos, inocentemente los bolivianos, iba a cambiar era con la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado. Creímos que se iba a refundarla la justicia.

Ahora bien; nos dicen que es el Gobierno que no quiere que haya elecciones judiciales, (pero) cuando revisamos, éstas se frenaron con 39 amparos. Averigüen quiénes son esas personas que presentaron esos 39 amparos. Les doy un dato, la esposa de Wilfredo Chávez (abogado de Evo Morales) es una de las que presenta los amparos.

— ¿Cómo salió su acción de amparo (de la esposa de Chávez)?

Positiva. Le aceptaron la tutela. Entonces, parte de la vieja estructura es la que no quiere unas elecciones judiciales, porque busca desgastar el actual gobierno.

Además: ¿Qué pasó con Marvin Molina del Consejo de la Magistratura? Cuando nos dimos cuenta que había jueces que estaban liberando a feminicidas sentenciados, el Presidente instruyó que se conforme una comisión del más alto nivel para investigar los casos de feminicidio y violación que tengan sentencia y que se habrían liberado a esos delincuentes. Así, logramos recapturar a muchos feminicidas que estaban libres y que eran sentenciados. ¿Qué pasó con Marvin Molina? Desvinculó a estos jueces, pero el sistema corrupto hizo que estos jueces nuevamente vuelvan a sus funciones y ahora le inician un proceso por resarcimiento de daños y perjuicios a Marín Molina.

¿Qué significa esto? ‘No se metan con nosotros porque les va a ir mal’, es el mensaje. Esa no es la clase de justicia que merece el pueblo boliviano.

— ¿Peor estuvo el Ministro de Justicia reclamando por independencia judicial? ¿No va esto en la línea de lo que Usted acaba de decir?

Creo que no. Nadie en este país, exceptuando algunos malos administradores de justicia, quiere la liberación de nadie. Ni el Ministro de justicia ni el ministro de gobierno ni el presidente ni los 37.800 policías quieren la liberación de nadie. Quieren que se siente un precedente, que quien toca un policía, quien toca un boliviano, quien le quita la vida, tiene que ir a la cárcel. Todos queremos lo mismo, entonces no hay una bifurcación de ideas.

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